El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) decidieron la creación de un tribunal especial para juzgar a los peores crímenes del conflicto.

Una promesa del Gobierno de Colombia y de la guerrilla de las FARC para poner fin en marzo próximo al conflicto armado más largo de América Latina provocó aplausos y dudas entre la población del país agobiado por más de medio siglo de violencia, secuestro, desplazamiento y afectación de su economía.

La reunión que sostuvieron este miércoles en Cuba por primera vez el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder guerrillero Rodrigo Londoño, más conocido como "Timochenko", permitió concretar el difícil tema de la justicia y acordar la firma de un acuerdo definitivo en seis meses, así como el desarme de la guerrilla 60 días después.

El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) decidieron la creación de un tribunal especial para juzgar a los peores crímenes del conflicto, incluyendo abusos sexuales, secuestro, torturas y ejecuciones, pero también una posible amnistía para los demás combatientes.

"Ver al presidente dándose la mano con Timochenko es una señal de que esta vez sí es posible la firma de la paz, que tanto nos ha costado", dijo Patricia Vargas, una enfermera de 33 años, mientras caminaba por una calle del sur de Bogotá.

Los aplausos y felicitaciones también llegaron de Estados Unidos y el Vaticano, aunque Santos, un político de centro derecha de 64 años, enfrenta fuertes críticas internas de sus opositores que lo acusan de ser blando con las FARC.

Aunque surgieron en 1964 como un movimiento de inspiración marxista para defender los derechos de los campesinos, las FARC perdieron apoyo popular durante los siguientes años por sus actos de violencia y su vínculo con el narcotráfico en el país registrado como uno de los mayores productores mundiales de cocaína.

"Me parece muy mal, se rindieron a las FARC. Si la paz significa que se paren de disparar, probablemente van a dejar de disparar. Ahora, que el conflicto se acabe, no lo creo", dijo Alfonso Llana, un pensionado de 55 años, mientras caminaba por un parque en el norte de Bogotá con su esposa.

Llana admitió que teme que los rebeldes pasen a engrosar bandas criminales en lugar de aceptar una readaptación social.

El Gobierno sostiene que un acuerdo puede sumar anualmente hasta dos puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB) y permitir una expansión de la economía en regiones consideradas como peligrosas después de que la guerrilla suspenda los ataques contra la infraestructura.

RETOS A SUPERAR

El acuerdo que se firme para poner fin al conflicto que ha dejado más de 220.000 muertos deberá ser aprobado por los colombianos en un referendo, un riesgo en el país de 47 millones de habitantes con una alta e histórica abstención y con una férrea oposición de influyentes líderes políticos.

Santos fue reelegido el año pasado con la promesa de buscar la paz, pero enfrenta una fuerte oposición en el Congreso liderada por el influyente ex presidente y actual senador Álvaro Uribe, un vehemente crítico de la negociación de paz con las FARC.

Uribe dijo que el acuerdo del miércoles sobre justicia, que permitirá a los rebeldes y a militares tener sentencias reducidas a cambio de confesiones, iguala a valientes miembros de las Fuerzas Armadas con terroristas.

También criticó a Santos por no garantizar que los fondos de las FARC producto del secuestro y el narcotráfico se utilicen para compensar a las víctimas del conflicto.

Los guerrilleros que confiesen delitos graves irán a prisión durante cinco a ocho años en "condiciones especiales", mientras que los que tardíamente los reconozcan enfrentarán penas de cárcel ordinarias por el mismo tiempo.

Y quienes nieguen su responsabilidad en delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual podrán ser condenados a un máximo de 20 años.

El tribunal para la paz, que contará con salas de justicia, será integrado por magistrados colombianos, así como juristas extranjeros, y tendrá la misión de buscar respuestas para las víctimas y condenar a los autores de graves crímenes de guerra.

El aumento de las posibilidades de paz fue bien recibido por Estados Unidos, que ha gastado miles de millones de dólares en ayuda a Colombia para combatir al narcotráfico y a la guerrilla, en una ofensiva que permitió reducir el número de combatientes de las FARC a unos 8.000 desde 17.000 en la década de 1990.

Un portavoz del Papa Francisco, quien abogó por un acuerdo durante una misa el domingo durante su reciente visita a Cuba, también se declaró feliz por el avance.

Pero muchos colombianos todavía son escépticos sobre la paz por los fallidos intentos del pasado.

"Ya estamos cansados de tantas promesas y tantos diálogos. ¿Qué la paz en seis meses se firma? Amanecerá y veremos", dijo Genoveva Pataquiva, de 66 años y propietaria de una tienda de abarrotes en el sur de Bogotá.