La ampliación sería de cuatro a cinco años. Esto incluiría también los periodos de la Procuraduría, la Fiscalía, las alcaldías y gobernaciones.
Desde la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en donde se debate el acto legislativo para permitir la participación política de las Farc, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, confirmó que el Gobierno presentará ante el Congreso una reforma política que establezca la ampliación del periodo presidencial de 4 a 5 años.
El jefe de la cartera política denominó su propuesta “revolución pacífica”. Se trata de la puesta en marcha de varias reformas que, coordinadas con la ciudadanía, le darán un revolcón a la forma en la que se ha hecho tradicionalmente política en el país, empezando por la ampliación del periodo de mandatarios.
Además se incluirían los periodos de otros órganos de control. “Advierto de una vez que creo que esto no debe ir en el ‘fast track’, pero como son temas de la comisión primera lo quiero traer de una vez al debate. Buscamos unificar periodos de la Procuraduría, de Fiscalía, de alcaldes, de gobernadores y el del presidente de la República a cinco años sin reelección”, aclaró Cristo.
Ha sido ampliamente debatido –y no es un asunto reciente- el hecho de que cuatro años son pocos para que un mandatario (local, regional o nacional) alcance a materializar su plan de Gobierno. Incluso, existe el temor generalizado de que tan pronto se empieza a desarrollar una buena política, se les acaba el mandato y el que llega, acaba con lo que se venía concretando para empezar de ceros.
“Hay muchas voces que dicen, y el Gobierno lo comparte, que cuatro años es un periodo muy corto si no hay reelección”, figura que fue eliminada con la reforma de Equilibrio de Poderes.
También en esta propuesta se incluirá la eliminación del cargo de vicepresidente de la República. Para nadie es un secreto el debate que ha suscitado el rol que ha tenido el actual vicepresidente, Germán Vargas Lleras desde su cargo, al tener bajo su responsabilidad asuntos que le competerían, concretamente, al Ministerio de Vivienda, por ejemplo.
“Es el momento de evaluar la conveniencia de volver a una figura impecable que nunca generó ninguna controversia, y que nunca ha debido tocarse: pensemos en volver a la figura del designado, que es la que da mayor tranquilidad democrática”, añadió Cristo.
Dicha reforma de aprobarse, regirá a partir del próximo periodo presidencial y el gobierno actual no se verá cobijado por estos cambios.
“Obviamente advierto que esta propuesta quisiéramos tramitarla con todos los partidos, incluida la oposición del Centro Democrático y sobre la base que lo hagamos a partir del próximo periodo”, señaló Cristo.
Por no ser asuntos directamente relacionados con el acuerdo de paz, ambos proyectos se tramitarían por la vía ordinaria. Pero hay otros que sí se someterían al procedimiento especial legislativo como reducir la edad requerida para ejercer el derecho al voto. Analizan que se reduzca de 18 a 16 años, la edad permitida para votar.
Según Cristo, se pasaría de 18 años a 16 años con el fin de promover la participación de los jóvenes en el sistema político y, afirmó, debe haber un consenso con todos los partidos, incluido el Centro Democrático, para sacar adelante esa propuesta.
Otro de los puntos tiene que ver con el voto obligatorio de manera transitoria. Es decir, se aplicaría en los próximos dos periodos electorales que coinciden, eso sí, con el tiempo de gracia que le concederá el Gobierno nacional a las Farc para su tránsito a la vida civil y en los que tendrán asiento obligatorio en el Congreso.
Finalmente, las últimas dos propuestas se relacionan con la financiación de las campañas y las listas cerradas para el Congreso. Sobre el primer punto, Cristo aclaró que el objetivo es lograr que la financiación sea 100% estatal “con estrictos controles, vigilancia, veeduría, dándole dientes a una corte electoral eficaz y eficiente para que controle y vigile el ingreso de recursos privados legales o ilegales a las campañas políticas”, señaló.
Todo arrancará con el lanzamiento de una campaña denominada “REDforma”, en la que se le hará a los ciudadanos una serie de preguntas relacionadas con la forma en la que se definen al interior de la sociedad, cuál consideran que es la raíz de los problemas de la política en el país y qué ideas tienen para mejorar ese sector en Colombia.
Se trata, indudablemente, de un reto enorme en el que se medirán las fuerzas políticas que, incluso, reabrirán el debate en torno a la figura de la reelección. Lo que es claro es que la voluntad quedará en manos del Congreso pero, ad portas de abrirse el debate político en las regiones por asuntos electorales, lograr los votos en el Legislativo será todo un logro.