El PRD sostiene que se presume tráfico de influencias y lavado de dinero contra Pemex; el PAN se opone a crear una comisión, pero demanda investigación a fondo en el Senado.

Ciudad de México, Excelsior.com.mx. Ante el ominoso escándalo de la empresa Oceanografía en su relación contractual con Pemex, es necesario que el Senado de la República indague a fondo “la legalidad y el procedimiento de asignación de contratos de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción y la empresa intervenida así como otros actos relacionados con un presunto fraude por tráfico de influencias y lavado de dinero”.

Para ello, varios senadores del PRD propusieron en el pleno de la Cámara Alta un punto de acuerdo para crear “la comisión especial para investigar los actos de corrupción y fraude de la empresa Oceanografía, contra las finanzas públicas”.

Sin embargo, el PAN a través de su coordinador Jorge Luis Preciado, calificó de innecesaria generar una nueva comisión y dijo que para indagar este tipo de temas ya se tienen la comisión de Justicia y la de Hacienda.

"Lo que sí nos interesa es que se aclare el tema porque durante los gobiernos panistas, a lo mejor se nos infiltraron algunos malandrines”, dijo.

Según el punto de acuerdo de los perredistas Armando Ríos Piter, Benjamín Robles, Zoé Robledo e Isidro Pedraza, esta instancia legislativa debe apoyar la investigación oficial “contra las finanzas públicas, fraude y lavado de dinero, específicamente lo relacionado con el tráfico de influencia entre servidores públicos con dicha empresa en la asignación de contratos millonarios con Pemex Exploración y Producción u otra dependencia del sector público”.

Dicha comisión se generaría con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 119 del Reglamento del Senado e investigaría la asignación de contratos irregulares y tráfico de influencias entre funcionarios de Pemex u cualquier dependencia del sector público con la empresa Oceanografía.

Solicitaría la comparecencia de funcionarios públicos y requerir de la documentación necesaria para determinar la legalidad de los contratos asignados a Oceanografía; turnaría los informes que resulten a las instancias correspondientes para que estas realicen las acciones que consideren pertinentes, en caso de encontrar pruebas fundadas de fraude contra las finanzas públicas y el delito de tráfico de influencias.