El Congreso Nacional conoció el proyecto de ley contra la corrupción, que creará una agencia anticorrupción adscrita al Ministerio Público.

Una ley contra la corrupción, aplicable a los funcionarios públicos y a personas que desempeñan funciones en el sector privado, fue introducida al Congreso Nacional por el diputado Jari Dixon Herrera y turnada a una Comisión de Dictamen.

En una amplia exposición de motivos, el congresista expuso que la idea de la normativa es establecer férreos controles para que no se trastoquen los fondos del Estado.

De igual forma, que cada funcionario dé una estricta rendición de cuentas, a fin de que la ciudadanía pueda saber qué hace el servidor público.

Dixon destacó que Honduras lleva más de una década liderando el ranking mundial de corrupción, presentado por la organización Transparencia Internacional, que supera a naciones de África, Asia y América Latina.

Indicó que la corrupción es uno de los principales flagelos que enfrenta Honduras, sin que hasta ahora se haya hecho lo necesario para combatirla y castigar a sus autores.

El diputado Dixon Herrera explicó que el objetivo fundamental es establecer mecanismos y procedimientos, enmarcados en la Constitución de la República, leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción.

“Aquí siempre se ha hablado de combate al delito común y al crimen organizado, pero cuando se habla de combate a la corrupción nadie habla de aumento de penas y de una ley contra la corrupción, porque aquellos y aquellas que están en el gobierno, en la mayoría de casos, son los que comenten los actos de corrupción”, argumentó el diputado.

Con la propuesta de ley de lucha contra la corrupción se pretende crear una agencia nacional anticorrupción adscrita a la Fiscalía General de la República, pero con independencia funcional; esa oficina tendrá como fin hacer efectiva la responsabilidad penal a todo sujeto público o privado que incumpla las normas jurídicas del Estado hondureño.

El diputado señaló que dentro de esa ley se clasifica la corrupción en pública y privada, porque también se da el flagelo en el sector privado y eso no está tipificado en ninguna legislación hondureña.

“Se pretende que el administrador de justicia tenga un instrumento válido, un instrumento eficaz, contundente contra este delito y no darle mayor espacio a un administrador de justicia para que pueda favorecer a una persona que comete un acto de corrupción”, agregó.

La ley consta de varios capítulos, uno de los cuales desarrolla las penas y sanciones por el delito de corrupción en sus distintas modalidades.