El único productor de papel para periódicos de Argentina, Papel Prensa, se ha convertido en el más reciente objetivo de confrontación entre el gobierno peronista y el conglomerado de medios crítico, Grupo Clarín, y el tradicional diario La Nación.
Buenos Aires. El gobierno de la presidenta argentina Cristina Fernández obtuvo el jueves una rotunda victoria en el Congreso, donde legisladores oficialistas dieron media sanción a un proyecto para controlar la producción y venta de papel a diarios.
El único productor de papel para periódicos de Argentina, Papel Prensa, se ha convertido en el más reciente objetivo de confrontación entre el gobierno peronista y el conglomerado de medios crítico, Grupo Clarín, y el tradicional diario La Nación.
Clarín, que tiene diarios, estaciones de radio y televisión y firmas de cable e internet, es el principal accionista en Papel Prensa, mientras que el Gobierno y La Nación también tienen acciones.
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados Con 134 votos a favor y 92 en contra, y se espera que sea sancionado sin dificultades en el Senado.
Su texto declara que la producción de papel para diarios y pasta de celulosa es de interés nacional y ordena a Papel Prensa operar a su capacidad máxima para cubrir las necesidades del país.
La cláusula mas controvertida del proyecto obliga a la empresa a realizar inversiones regulares con el fin de cubrir la demanda doméstica.
Si el Estado debe hacer frente con fondos mayores a su porcentaje accionario para cumplir con esas inversiones, su participación accionaria del 27,4% crecería.
Críticos del gobierno y editoriales en los diarios La Nación y Clarín han calificado la medida como un ataque a la libertad de prensa y un intento de amenaza velada para expropiar la propiedad privada.
El legislador opositor Federico Pinedo, del partido de centroderecha Pro, dijo que era "una medida más del Gobierno contra la libertad de expresión".
"La intención de confiscar Papel Prensa no es un hecho aislado sino un eslabón más de una larga cadena de acciones dirigidas a controlar los medios de comunicación", afirmó.
El diputado de la socialdemócrata Unión Cívica Radical Eduardo Santin dijo que el oficialismo "no buscar garantizar la libertad, sino que busca revancha".
Legisladores aliados de Fernández, quien recuperó el control del Congreso la semana pasada tras dos años en minoría, dijeron que la ley ayudaría a garantizar la libertad de expresión.
El oficialismo dice que las nuevas normas aseguran que el papel estará disponible para todos los periódicos a un precio justo, rompiendo el monopolio que ha favorecido los intereses de Clarín y La Nación. Pero críticos de la norma indican que los diarios, si quisieran, pueden acceder a papel importado, muchas veces más barato que el producido localmente.
"No avanzamos sobre la propiedad de la empresa. Lo que queremos claramente es que la actividad comercial deje de ser una actividad monopólica", dijo antes de que iniciara el debate el diputado Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista en la Cámara baja.
Detrás de la controversia acechan turbios interrogantes sobre la venta de la empresa durante los turbulentos años de la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
La Justicia argentina investiga si la venta hecha en 1976 fue ilegal, como han dicho funcionarios gubernamentales.
Fernández, quien el sábado juró para un segundo mandato de cuatro años, entró en conflicto con Clarín poco después de que sucediera a su fallecido esposo en la presidencia en el 2007.
Críticos de Fernández dicen que la campaña para reformar el negocio del papel es solo otra arma en su batalla para castigar a los medios que la adversan.
En una editorial en portada esta semana, el diario La Nación calificó el proyecto como "una ley con gusto a revancha" y agregó en otra nota que el Gobierno se dirige a cometer "un grave e inadmisible despojo".
