Los principales conflictos para su aprobación podrían ser la falta de presupuesto para aplicar los ordenamientos a nivel local, que se hagan públicas las tres declaraciones y que se eleve a 30 años la inhabilitación para los funcionarios y empresas corruptas.

Tras su receso de Semana Santa, los senadores están dispuestos a concretar las leyes secundarias anticorrupción, las cuales, de acuerdo con la ruta crítica que publicó la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, podrán ser votadas por el pleno el 12 de abril.

No obstante, hay al menos tres obstáculos a los que se enfrenta el paquete anticorrupción: falta de presupuesto para aplicar los ordenamientos a nivel local; que se hagan públicas las declaraciones fiscales, patrimoniales y de interés, y que se eleve a 30 años la inhabilitación para los funcionarios y empresas corruptas.

Contralores locales plantearon que no hay un presupuesto para hacer frente a los actos de corrupción con las medidas que se plantean en las iniciativas.

Mientras tanto hay resistencia por parte del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a que se obligue a publicar las declaraciones de los funcionarios, aunque están abiertos a que los servidores públicos presenten esta información, como lo propone la reciente iniciativa ciudadana Ley 3de3.

Argumentan que 68% de los funcionarios públicos percibe entre 1,800 y 27,000 pesos mensuales y la Ley de Coordinación Fiscal no los obliga a presentar su declaración fiscal.

Aún hay diferencias para determinar los años de inhabilitación para empresarios y funcionarios corruptos, pues el PRI y el PVEM quieren 20 años y el PRD plantea 30 años.

De acuerdo con el primer documento de trabajo publicado por la Comisión Anticorrupción que encabeza el legislador del PVEM, Pablo Escudero, lo que busca es convertir a la corrupción en “un acto de alto riesgo y de bajos rendimientos”.

Esta semana será crucial para que los legisladores lleguen a los consensos necesarios para avalar las leyes.

De acuerdo con la ruta crítica de dictaminación, el paquete de leyes se discutirá en comisiones el 7 de abril para que el pleno del Senado lo debata y lo vote a más tardar el 12 de abril y pase enseguida a la Cámara de Diputados.

De no aprobarse antes del 30 de abril, el Senado tendrá que fijar un periodo extraordinario de sesiones, ya con dictamen preparado, para que se voten las leyes, pues el próximo periodo ordinario comienza el 1 de septiembre.