El impulsor independentista dijo que convocará al Parlamento para que responda al intento de "liquidar" la autonomía catalana y frente a lo que considera una pretensión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de gobernar desde Madrid los asuntos de Cataluña.
El presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, dijo este sábado (21.10.2017) que convocará al Parlamento autonómico para "debatir y decidir" una respuesta a las medidas contra el proceso independentista que impulsa y con el objetivo de "defender las instituciones" de Cataluña.
Puigdemont hizo una comparecencia institucional horas después de que el Ejecutivo español propusiera, para su ratificación por el Senado el próximo día 27, su cese y el de todo su Gabinete y convocar elecciones autonómicas antes de seis meses para restaurar el orden constitucional en esa región, donde las autoridades han impulsado un proceso independentista considerado ilegal por la Justicia.
El impulsor independentista dijo que convocará al Parlamento para que responda al intento de "liquidar" la autonomía catalana y frente a lo que considera una pretensión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de gobernar desde Madrid los asuntos de Cataluña.
"No podemos aceptar este ataque", señaló el dirigente secesionista, para quien el Ejecutivo español quiere "humillar" a Cataluña. Por eso llamó a una "conjura" para defender las instituciones catalanas y apeló a la "fuerza de la gente" para hacer valer sus aspiraciones.
El "peor ataque" desde Franco. El 1 de octubre tuvo lugar un referéndum en esa región del país en el que algo más de dos millones de personas, según las autoridades secesionistas, votaron a favor de separarse de España, para una población de 7,5 millones.
Las medidas aprobadas este sábado por el Gobierno español son, a juicio de Puigdemont, el peor ataque sufrido por Cataluña desde la dictadura franquista (1939-75) y un modo por el cual un Ejecutivo "ilegítimo" (el de Rajoy) asume la "representación de la voluntad popular" de los catalanes.
Las disposiciones del Consejo de Ministros siguen la vía del artículo 155 de la Constitución, que faculta para asumir desde el Estado central competencias regionales cuando sus autoridades incumplen la legalidad.
