A continuación, los temas negociados en Cuba desde finales del 2012 por representantes del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron el lunes un histórico acuerdo de paz para poner fin a un viejo conflicto que dejó cientos de miles de muertos y desplazados.
A continuación, los temas negociados en Cuba desde finales del 2012 por representantes del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Política de desarrollo agrario integral. Fue el primer tema abordado en las negociaciones. Cuando las FARC se levantaron en armas fue en búsqueda de una reforma agraria para los campesinos pobres. Las partes lograron en mayo del 2013 un acuerdo para resolver el despojo y la invasión de tierras, una de las causas de la violencia en Colombia.
El acuerdo incluye el acceso y uso de la tierra, planes de desarrollo social, infraestructura y adecuación de terrenos, estímulos para la producción del campo y seguridad alimentaria.
Las partes acordaron un fondo con 3 millones de hectáreas para campesinos que carecen de tierra o tienen muy poca. También se estableció formalizar la propiedad de 7 millones de hectáreas y mantener un programa de restitución de tierras para campesinos desplazados que perdieron sus parcelas en medio del conflicto.
Participación política. El punto se refiere a los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, en particular para nuevos movimientos que surjan tras la firma de un acuerdo de paz.
En noviembre del 2013 se acordó el acceso de los nuevos movimientos políticos a medios de comunicación, mecanismos democráticos para la participación ciudadana y medidas para promover la participación política en igualdad de condiciones de todos los sectores, incluyendo las poblaciones más vulnerables.
Uno los principales desafíos es garantizar la seguridad de los líderes del movimiento político que nazca tras el acuerdo, en un país donde la izquierda ha sido perseguida en el pasado por paramilitares que llegaron a asesinar a miles de dirigentes.
Las regiones más golpeadas por la violencia tendrán 16 escaños en la Cámara de Representantes por dos periodos legislativos, es decir ocho años.
Durante dos periodos, a partir del 2018, el partido que funden las FARC tendrán 10 curules en el Congreso -cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes-, incluso si no consiguen los votos necesarios en las elecciones.
Fin del conflicto. El tema se cerró en junio del 2016 con un acuerdo sobre cese bilateral y definitivo al fuego que incluye el abandono de las armas de las FARC y la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil.
Un desafío importante será qué hacer con los cerca de 7.000 combatientes rebeldes y los cientos de personas que les sirven de apoyo logístico. Se necesitará una millonaria inversión para brindar capacitación a los integrantes de la insurgencia que no han tenido otra opción de vida diferente a las armas.
El acuerdo establece que 180 días después de la firma del acuerdo final, las FARC tendrán que dejar todas sus armas a Naciones Unidas (ONU). El grupo guerrillero deberá entregar listados de sus armas y de sus combatientes con identificación exacta.
Solución al problema de las drogas ilícitas. En mayo del 2014 se acordó establecer programas de sustitución de cultivos, recuperación ambiental de zonas afectadas por la siembra de hoja de coca, programas de prevención de consumo y la solución a los fenómenos de producción y comercialización de narcóticos.
El tema es complejo porque las FARC son acusadas por el Gobierno de haber obtenido millonarios recursos de la producción y el tráfico de cocaína, aunque los guerrilleros lo niegan.
Colombia es uno de los principales productores mundiales de cocaína, pese a una agresiva campaña antidrogas del Gobierno apoyada por Estados Unidos.
El Gobierno iniciará con el respaldo de las FARC programas de sustitución de cultivos ilícitos. Actualmente existen en el país más de 96.000 hectáreas plantadas con hoja de coca.
En el acuerdo se da prioridad a la sustitución voluntaria de los cultivos ilegales y la fumigación aérea será el último recurso para destruir los plantíos de hoja de coca.
Víctimas. En este capítulo se discutió la justicia. Fue considerado el más difícil de la negociación por la renuencia de las FARC a aceptar castigos penales.
Pero el 23 de septiembre del 2015 se acordó la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz dirigida a miembros de las FARC y agentes del Estado que directa o indirectamente hayan participado en el conflicto y cometido delitos. Se consideran dos procedimientos: uno para quienes admiten responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente.
El acuerdo establece penas privativas de la libertad de entre cinco y ocho años, pero no cárcel, para quienes confiesen los delitos cometidos en medio del conflicto.
Las partes, sobre la base de un acuerdo adicional firmado el 15 de diciembre del 2015, buscarán resarcir a víctimas del conflicto y esclarecer lo que sucedió con cientos de desaparecidos a través de una "comisión de la verdad".
Habrá amnistía para guerrilleros, militares y civiles que no hayan cometido crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.
Implementación, verificación y refrendación. Ya logrados los acuerdos definitivos en todos los temas, el Gobierno y la guerrilla pasarán a la implementación y a la verificación con acompañamiento de la ONU y de observadores internacionales.
El pacto será sometido a un plebiscito y, si es aprobado, el Gobierno promulgará leyes y normas durante un año para cumplir los acuerdos. Se estima que la implementación tardará por lo menos una década.
