Impulsar un mando único y profesionalización de los policías figuran como elementos centrales. También la voluntad política también es indispensable.

México y Guatemala enfrentan el problema de la violencia por delincuencia organizada.

Y es que ambos países, de acuerdo a la consultora internacional de riesgo en inversiones Verisk Maplecroft, en su informe del 2016, ocuparon el tercero y segundo lugar, respectivamente, como las naciones con mayor índice de criminalidad entre 198 países analizados, además de que el costo de la violencia, de acuerdo a la consultora, en los dos países ascendió a US$200.000 millones.

El pasado 1 de mayo, Guatemala retiró a casi 1.200 soldados, la mitad de los elementos de la milicia nacional empleada en tareas de combate al crimen organizado. El objetivo es el inicio del 2018 y así, las fuerzas castrenses se ausenten en su totalidad, entregando la lucha contra la delincuencia a la policía civil.

En tanto, el Congreso mexicano debate desde hace meses una reforma que busca otorgar un marco jurídico a la utilización de las fuerzas armadas en el combate al crimen. El principal argumento del uso de las fuerzas castrenses, han coincidido políticos y analistas es la debilidad de las fuerzas del orden civil.

Edgar Álvarez Quisquinay, comisario subdirector de la Policía Nacional Civil de Guatemala (única organización civil policial del país centroamericano), asegura que la decisión de retirar al ejército, que permanecía en la calles desde junio del 2000, tiene que ver con la reconstrucción de las policías que se ha impulsado y los avances que se han obtenido desde hace cinco meses, los cuales se implementan los nuevos estándares policiales.

Entrevistado por El Economista, explica las medidas que se han aplicado en aquella nación y que, desde su perspectiva, pueden ser de ayuda a México, como la implementación de un mando único, la integración de las policías con la sociedad, los controles de confianza que mantiene la organización policial nacional, la prohibición constitucional a policías a sindicalizarse, así como una “voluntad política”, que genere los cambios requeridos.

“Tenemos que tener el factor político. La voluntad política nos puede permitir hacer esa transformación que queremos en nuestra policía y además pensar sobre la base de qué modelo queremos trabajar... el modelo (basado en una policía comunitaria) puede ser replicado en otras regiones”, expresa.

Entre su principales ejes, asevera el comisionado, se implementan principios de calidad y apoyo comunitario.

En materia de calidad, el subdirector policial explica que debe existir inteligencia detrás de los operativos policiacos para ser más efectivos en el combate al crimen, así como la prevención del delito y la rendición de cuentas tanto al interior como al exterior de la organización.

Con respecto al apoyo comunitario e integralidad, asevera Álvarez Quisquinay, se implementan reuniones semanales entre mandos medios de la policía para coordinar las tareas de prevención, así como reuniones dos veces por mes entre los elementos de la policía, los alcaldes y la organización civil, en donde se puede denunciar directamente cualquier tipo de irregularidad en el actuar de la policía de manera anónima.

“En esas reuniones han salido cuestiones muy importantes como por ejemplo, el conocimiento de los policías que cuidan los sectores... y si hay un mañoso, algún delincuente vestido de policía en las filas, ahí mismo la comunidad puede decir ‘mire comandante el instructor tal o el oficial tal que está ahí en su equipo de trabajo fue el que la semana pasada me pidió plata o es el que está reuniéndose con el narcotraficante tal’, cualquier cosa, más los buzones de información confidencial... nos permiten tomar medidas disciplinarias o penales, en su defecto”, indica.

Precisa, también, que el intercambio de información entre los diferentes niveles de mandos es de vital importancia, esto, añade, es la principal ventaja del mando único, ya que toda la información se difunde de manera vertical.

Como uno de los primeros resultados que se han obtenido con la implementación de este tipo de políticas, enfatiza Álvarez, es la casi erradicación del delito de secuestro, ya que asevera, desde hace cinco meses que se empezó a implementar el nuevo modelo policial se han registrado sólo tres secuestros en Guatemala.

Una política más que, afirma el directivo policiaco, se planteó para acelerar la salida del ejército de las calles fue la contratación de un mayor número de elementos para la policía nacional, los cuales aumentaron en más de 2.000 elementos, con lo que, dice, se suplieron las funciones que realizaban los elementos de la milicia en las calles.

Capacitación, necesaria en México- Especialistas en Seguridad del ITAM y la UNAM precisan que los problemas de las policías en nuestro país pasan por la falta de capacitación, un insuficiente número de elementos, además de la penetración de la corrupción en las organizaciones.

“En el corto plazo es necesario (que las Fuerzas Armadas) se mantengan (en las calles) porque no hay con qué sustituirlo en dos sentidos; uno en número y otro en confianza por parte de la población... las policías no sólo son menos en número sino existen sospechas de corrupción dentro de ellas”, apuntó el jefe del Departamento de Ciencia Política del ITAM, Vidal Romero.

En tanto que el catedrático de la UNAM, José Álvarez, explica que existe una dependencia hacia el Ejército y las tareas de seguridad que desempeña, la cual se ha recrudecido debido a la falta de organizaciones policiacas confiables.

El académico considera necesario, como solución para que el Ejército retorne a sus cuarteles, la implementación de un plan a mediano plazo “tal vez sexenal o transexenal; tendrían que regresar gradualmente”, refiere.