En busca de apoyo para la querella en Argentina por crímenes cometidos durante el franquismo, plataformas que representan a las víctimas llegaron hasta el Parlamento Europeo.

En busca de verdad, justicia y reparación asociaciones de víctimas de crímenes cometidos durante la dictadura de Franciso Franco en España, presentaron al Parlamento Europeo una petición para que las instituciones comunitarias hagan presión en su gobierno para que cumpla con sus compromisos internacionales y colabore con la justicia argentina.

Concretamente, que coopere con el auto de detención que se interpuso en octubre en la Interpol la jueza María Servini de Cubría. Se trata de 20 personas imputadas por una serie de delitos relacionados con lesa humanidad, cometidos durante la dictadura (1939-1975).

"La petición es importantísima puesto que un país como Argentina nos presta sus jueces y su justicia para que podamos condenar crímenes de una dictadura como la franquista, crímenes que no deberían quedar impunes en ningún país democrático del mundo", dice a DW Jesús Jiménez del "Foro de la Memoria de Bélgica", una organización que lucha contra el olvido.

¿Por qué no en España? Uno de los problemas es que España -donde bajo el principio internacional de la jurisdicción universal se realizaron juicios por genocidios en Guatemala y por crímenes de la dictadura argentina- ha suspendido la extraterritorialidad de la justicia, es decir, no ve imperativo colaborar con una orden de detención de otro país. Ni da lugar a que en su sistema judicial se interpongan querellas que atañen a otros países.

Por otro lado, debido a los acuerdos firmados en los primeros tiempos de la democracia, estas querellas no pueden ser interpuestas. Por eso, la justicia argentina se encarga de ellas. ¿Por qué? “Porque por su procesamiento de los crímenes de la dictadura tiene la infraestructura que favorece a la justicia universal”, explica a DW Jacinto Lara, abogado de las víctimas y miembro de la Asociación pro Derechos Humanos de España.

Crímenes del franquismo. Entretanto se trata de 300 querellas que han llegado desde el 2010 a la justicia argentina. Y aunque para muchas de ellas no podrá haber reparación, las plataformas que representan a presos políticos, niños robados, exiliados, víctimas de masacres y trabajo esclavo esperan, por lo menos, la verdad. Para ello es necesario que los responsables comparezcan ante la justicia:

“Concretamente, pedimos la extradición de los 17 imputados que siguen vivos”, explica a DW Jacinto Lara, abogado de las víctimas. Desde que se dictó el auto de detención preventiva, han muerto tres.

El papel de Argentina. “La ley argentina, en su Constitución, establece el principio de justicia universal, los jueces argentinos están obligados a perseguir crímenes contra la humanidad. Esto no es algo exclusivo de la legislación argentina, hay muchos países que lo tienen pero no lo ejercen, debido a presiones políticas y diplomáticas”, responde a DW el abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de la querella argentina.

Por otro lado, “la misma Argentina se vio beneficiada de la justicia española en su momento. Si en allí se ha terminado con la impunidad se debe en gran medida a la judicatura española, a las mismas instancias que hoy se niegan a juzgar crímenes del franquismo”, dice Slepoy.

El abogado argentino lamenta que no sean más países en América Latina los que apoyen un proceso por crímenes de lesa humanidad que, debido a una cuestión temporal, no puede ser llevado a la Corte Penal Internacional. Y sobre todo “lamenta que no haya más tribunales europeos que acojan este proceso histórico”.