De acuerdo con los pobladores, exigen también la suspensión de los contratos suscritos entre el Municipio de Lima y la empresa ligada a Odebrecht.
Lima. Un grupo de pobladores de barrios del norte de Lima quemó hoy las garitas de peaje en la vía Panamericana Norte de la concesionaria Rutas de Lima, vinculada con la empresa brasileña Odebrecht, a la que acusan de aumentar los pagos de forma excesiva.
De acuerdo con los pobladores, exigen también la suspensión de los contratos suscritos entre el Municipio de Lima y la empresa ligada a Odebrecht.
La constructora brasileña se encuentra involucrada en múltiples escándalos de corrupción, al pagar supuestamente sobornos para ganar licitaciones de obras públicas en el país.
La concesionaria Rutas de Lima justificó a través de su vocera, Gisella Benavente, el alza en los peajes desde el 29 de diciembre pasado.
Benavente indicó que la medida, que establece pagos de peaje equivalentes de hasta US$1,34, se justifica porque está contemplada en el contrato suscrito por Rutas de Lima y la administración de la capital peruana.
El alza en los cobros por transitar por esa vía desató la reacción de los pobladores de la populosa zona limeña donde residen cerca de 200.000 personas.
La policía peruana envío un contingente de agentes antidisturbios para controlar la situación en la zona, ubicada a 25 kilómetros al norte de Lima, quienes se encontraron con manifestantes que lanzaban piedras y quemaban llantas.
Se han reportado algunas personas heridas y afectadas por los gases lacrimógenos lanzados durante la refriega, que además provocó una congestión interminable de vehículos que transitan regularmente de la capital hacia regiones del norte del país.
Los manifestantes, cuyas protestas iniciaron desde las primeras horas de este jueves, demandan la presencia de las autoridades municipales y de representantes de la concesionaria Rutas de Lima, con el fin de resolver el problema del alza en los peajes.
El congresista Yonhy Lescano indicó al respecto que el denominado Proyecto Vías Nuevas de Lima, liderado por el consorcio Odebrecht, fue adjudicado directamente sin ninguna licitación pública, pese a que las obras involucraron más de US$590 millones.
La justicia peruana ya realiza una investigación sobre supuestos sobornos superiores a US$29 millones pagados por Odebrecht a altos funcionarios peruanos.
Estos sobornos habrían sido otorgados durante los gobiernos de los presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
