Las acusaciones de un supuesto complot en contra del gobierno de Nicolás Maduro despertó un nuevo debate en medio del conflicto venezolano.

El 27 de mayo fue un día de acusaciones en Venezuela. El alto mando político del gobierno de Nicolás Maduro, presentó unos supuestos correos de la exdiputada opositora, María Corina Machado, que confirmarían las denuncias de planes de magnicidio y golpe de Estado en contra del gobierno venezolano. El líder opositor, Henrique Capriles, acusó al gobierno de querer desviar la atención de la difícil situación económica: “El país camina al abismo económico y Nicolás sigue inventándose conspiraciones”, aseguró. En la tarde, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un paquete de sanciones a funcionarios venezolanos por supuestas violaciones de derechos humanos durante recientes manifestaciones antigubernamentales.

El paquete de sanciones, aprobado por voto cantado en el plenario y sin oposición, determina que el gobierno defina un listado de funcionarios venezolanos que tendrán vetado el ingreso a Estados Unidos y sufrirán el congelamiento de eventuales activos en territorio estadounidense. El texto, que había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores de esa cámara, fue defendido por legisladores de los dos partidos, el oficialista partido Demócrata y el opositor Republicano.

Un texto similar, que determina sanciones a funcionarios venezolanos, ya fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y aún deberá ser sometido al voto en la cámara alta del Congreso estadounidense. En el caso de que los dos textos aprobados sean diferentes, deberán ser sometidos a una comisión que unificará las propuestas. Al presentar el proyecto, la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen dijo que era necesario "”condenar los abusos a los derechos humanos en Venezuela y responder a los gritos de los venezolanos”.

Acusaciones contra Machado. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dirigente nacional del Partido Socialista (PSUV), presentó como prueba varios correos electrónicos supuestamente enviados por Machado a políticos de oposición como Diego Arria y Henrique Salas Romer y que presuntamente forman parte de una “investigación penal y criminal”. “Denunciamos (...) que hay un complejo plan dirigido a acabar con la paz de este país que incluye, en primer lugar, el intento de magnicidio (...) de la ultraderecha venezolana para intentar el asesinato del presidente Nicolás Maduro junto con un golpe militar en evolución que afortunadamente se ha desactivado”, afirmó Rodríguez.

Ese magnicidio “promovería el desbordamiento de la violencia y sentaría las bases y la oportunidad para que la injerencia extranjera se impusiera”, añadió Rodríguez en una rueda de prensa acompañado por la dirección del partido, incluido el vicepresidente, Jorge Arreaza, el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, y la primera dama, Cilia Flores.

En uno de los mensajes, enviado entre direcciones sin nombres de personas y atribuido por Rodríguez a Machado, la exdiputada se dirige presuntamente al abogado Gustavo Tarre para decirle: “Ya Kevin Whitaker me reconfirmó el apoyo e indicó los nuevos pasos”.
“Contamos con una chequera más fuerte que la del régimen, para romper el anillo de seguridad internacional que ellos mismos han creado a punta de plata regalada”, continuó Rodríguez leyendo el mensaje que atribuyó a Machado.

“¿Sabía el departamento de Estado de los EE.UU. que la ultraderecha venezolana cuando intenta sus eventos criminales (...) pide instrucciones y autorización a un oficial del departamento de Estado norteamericano? ¿Lo sabe el señor presidente Barack Obama?”, se preguntó Rodríguez.

El dirigente chavista afirmó que estos mensajes y otras pruebas que, aseguró, tienen pero no han difundido aún demuestran que “las llamadas protestas estudiantiles denominadas guarimbas (disturbios y barricadas callejeras) no fueron en modo alguno protestas estudiantiles ni protestas espontáneas”. Indicó que esas protestas, que se suceden desde febrero pasado, serían una de las fases del "golpe continuado" contra Maduro, que en sus otras etapas incluiría el golpe de Estado abortado, del que, dijo, ofrecerán más detalles en los próximos días, y el intento de magnicidio.

Además, demostrarían, en su opinión, “el involucramiento al menos de un funcionario del Departamento de Estado, un altísimo funcionario del Departamento de Estado, embajador en Colombia” en los planes desestabilizadores.

Abismo económico. El líder opositor, Henrique Capriles Radonski señaló que “el país camina al abismo económico y Nicolás sigue inventándose conspiraciones”.

“En un año de gobierno Nicolás ha denunciado más de 11 planes de conspiración y cuatro planes de magnicidio (...) Nicolás busca tapar la debacle económica por la cual es el responsable inventando historias”, dijo en rueda de prensa desde el sector Nuevo Súcuta, municipio Tomás Lander de Valles del Tuy.

Aseguró que la situación que “conspira” contra el Gobierno son los problemas sociales que sufren los ciudadanos. “A 12 millones de venezolanos no le alcanzan sus ingresos para vivir. El alto costo de la vida conspira contra Nicolás (...) Venezolanos hacen colas de hasta 8 horas para comprar leche, harina, aceite, azúcar. Los alimentos conspiran contra Nicolás”.

Hace unos días, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, reconoció los avances en Venezuela en materia de distribución. “Venezuela ha hecho un proceso de redistribución como ningún otro país, gracias a sus enormes ingresos petroleros” que citó que “en la última década transferencias de recursos de US$150.000 millones a los sectores más pobres. Esa inversión logró cerrar unas brechas de desigualdad enormes”.

Sin embargo, destaca, “existen serios problemas macroeconómicos que sufre este país: inflación, escasez de productos, el problema de los dobles tipos de cambio”.

Bárcena se refirió al caso de los muy altos subsidios a la gasolina en Venezuela, que conduce a curiosas paradojas: “Un vaso de agua cuesta en este país más caro que su equivalente de gasolina”, cita como ejemplo. El fin de esos subisidios le permitiría al país “recomponer sus finanzas públicas” y acometer una “urgente diversificación productiva”, aseguró.