La Superintendencia de la Información y la Comunicación de Ecuador ordenó que el caricaturista, Xavier Bonilla -conocido por el seudónimo de Bonil- modifique el texto en pie de la ilustración original en una nueva caricatura que deberá publicarse en diario El Universo.

Bogotá. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena la decisión adoptada el viernes por el organismo regulador de los medios ecuatoriano de utilizar la ley de comunicación para sancionar al diario líder El Universo por una caricatura crítica. El organismo multó al diario y exigió que el caricaturista "corrija" la caricatura en un plazo de 72 horas, según informes de prensa.

"Es evidente desde hace algún tiempo que la nueva ley de comunicación en Ecuador fue diseñada para silenciar a los periodistas que critican al gobierno. Que esto se haya extendido a los caricaturistas es ridículo" afirmó desde Nueva York Carlos Lauría, coordinador senior del programa para las Américas del CPJ.  "Las autoridades ecuatorianas deben revertir esta decisión y permitir que la prensa trabaje libremente y sin temor a represalias. La tolerancia al disenso, ya sea escrito o ilustrado, es la piedra angular de cualquier gobierno democrático".

La Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom) ordenó a El Universo a pagar una multa equivalente al 2% de sus ingresos en los últimos tres meses. También ordenó que el caricaturista, Xavier Bonilla -conocido por el seudónimo de Bonil- modifique el texto en pie de la ilustración original en una nueva caricatura que deberá publicarse en El Universo. El abogado de Bonil, Ramiro García, calificó la decisión como inconstitucional y afirmó que la caricatura no era una noticia, sino una obra humorística de arte, que no está bajo la jurisdicción de la ley de comunicación. El periódico afirmó en un editorial que iba a luchar contra la decisión.

La decisión de Supercom se produjo inmediatamente después de que el presidente Rafael Correa se quejara sobre la caricatura en un programa televisivo el 4 de enero.  Correa tildó a Bonil como un "sicario de tinta" y  pidió una investigación. Dos días más tarde, Supercom abrió su investigación sobre el caricaturista y El Universo.

El dibujo de Bonil representa un allanamiento el 26 de diciembre en el que agentes registraron la casa y confiscaron computadoras y documentos del periodista Fernando Villavicencio, quien ha realizado informes de investigación sobre corrupción gubernamental, es asesor de un político de la oposición y en 2011 presentó una denuncia penal contra Correa, acusándolo de crímenes de lesa humanidad por sus acciones durante una rebelión policial.

La caricatura, publicada dos días después del allanamiento, muestra a los agentes llevando computadoras de Villavicencio. El texto acompañante dice: "Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción".  

Correa ha insistido en que el allanamiento estaba relacionado con el uso del periodista de correos electrónicos del gobierno sobre una demanda contra la petrolera estadounidense Chevron que Correa afirma fueron obtenidos ilegalmente.

En una rueda de prensa, Carlos Ochoa, superintendente de Supercom, indicó que la afirmación del caricaturista  que los documentos confiscados estaban relacionados con la corrupción gubernamental fue su opinión en lugar de un hecho. Como resultado, señaló que la caricatura "estigmatiza" las acciones de los funcionarios que realizaron el allanamiento. Tildó a la caricatura como un "acto deliberado de desinformación para forjar una realidad falsa".

Con la publicación de la caricatura, Ochoa afirmó que El Universo violó el artículo 25 de la ley de comunicación de Ecuador que prohíbe a los medios tomar una "posición institucional" sobre la culpabilidad o inocencia de las personas involucradas en demandas o investigaciones. La polémica ley, aprobada el año pasado, es una de las más restrictivas en el hemisferio, según la investigación del CPJ.

Ecuador tiene un pésimo récord en materia de libertad de prensa, incluyendo demandas penales por difamación y campañas de desprestigio contra periodistas, así como legislaciones restrictivas, según la investigación del CPJ.

*Una versión de este artículo apareció originalmente en el sitio web del CPJ. El Comité para la Protección de los Periodistas tiene sede en Nueva York, es independiente y sin fines de lucro, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo. Usted puede aprender más en CPJ.org o seguir el CPJ en Twitter @pressfreedom o en Facebook aquí.