Así respondió el presidente ecuatoriano a una solicitud de destitución de 23 directores institucionales de una provincia por no acudir a Quito a participar en la contramarcha organizada por el gobierno en respuesta a la movilización indígena “por el Agua, la Vida y la Dignidad”.

Los funcionarios públicos de alto nivel y de libre remoción que no respondan a los objetivos que busca la revolución ciudadana “deberán ser separados” del cargo, advirtió este jueves el presidente Rafael Correa al final de un breve recorrido que realizó por la construcción de un edificio ECU 911 en los alrededores del parque Itchimbía, en el centro de Quito.

Sus declaraciones responden a la polémica carta de cinco páginas que el gobernador de Morona Santiago, Juan Rafael Arcos, envió al mandatario el 20 de marzo pasado solicitando la destitución de 23 directores institucionales de la provincia por no acudir a Quito a participar en la contramarcha organizada por el movimiento de gobierno en respuesta a la movilización indígena “por el Agua, la Vida y la Dignidad”, que llegó a la capital el 22 del mismo mes para exigir al gobierno frenar la minería.

En la carta, Arcos precisa que el 20 de marzo, en un gabinete provincial realizado en el salón de recepciones Doña Carlota, en Macas, se acordó con los directores institucionales trasladarse hacia Quito para “defender la revolución ciudadana”.

Pero de los 31 directores, solo 8 acudieron, por lo que “esto no puede seguir así, ya que es un año político y se necesita de manera urgente el cambio de directores que no participaron ni respaldaron con su presencia en apoyo a la democracia”, escribió la autoridad.

Además, asegura que defender al régimen “no es una política reactiva, es necesaria y oportuna. Se trata de enfrentar a los golpistas, a los desestabilizadores, para dar continuidad a nuestro proceso político iniciado hace cinco años”.

Ese pensamiento defendió el mandatario, quien dijo ser claro y hablar sin eufemismos ni medias tintas, ya que su estilo de gobernar es “siempre frontal”.

El representante de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Miguel García, dijo que Correa tiene “en algo la razón”, ya que los servidores de nivel jerárquico superior o también llamados “servidores políticos son puestos por él (Correa) o sus delegados sin mérito alguno; solo por tener afinidad política”.

No obstante, aclaró que en el momento que una persona ingresa a trabajar en entidades gubernamentales su “deber es primero con el servicio a la ciudadanía”. “La lealtad se siente, se la ofrece voluntariamente y en este caso parece ser que el gobernador Arcos está granjeándose la voluntad del presidente, y decir que él sí es leal y los otros no”, sostuvo.

Hasta ayer, los 23 funcionarios públicos mencionados en la comunicación que Arcos envió a Correa seguían laborando normalmente, pero dos de ellos, quienes pidieron que no se publiquen sus nombres, dijeron no estar de acuerdo con la posición del gobernador y rechazaron que se los intente botar de sus puestos por no ir obligados a un llamado del movimiento del Gobierno.

Pero el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), alcalde de Ibarra y miembro de Alianza PAIS de Imbabura, Jorge Martínez, aseguró que la participación en la contramarcha del 22 de marzo pasado fue voluntaria, con el único fin de respaldar el “régimen democrático”.

“A estas marchas acuden las personas que desean ir voluntariamente y aquellas que no desean ir, trabajan normalmente”, puntualizó.

Según justificó, “nosotros (aliancistas) tenemos una base social que no son básicamente funcionarios; nosotros tenemos una base social en nuestras comunidades, que son parte de nuestra actividad municipal, así como de nuestra actividad política, porque somos políticos. Aquí no somos las Madres de la Caridad”.

Ayer, en la mañana, en Macas se realizó una reunión reservada entre el gobernador de la provincia y sus colaboradores cercanos.

A esta cita no se permitió el ingreso de ningún comunicador, pero trascendió que uno de los temas abordados fue la comunicación que Arcos envió al primer mandatario para que se saque del cargo a los 23 directores de la provincia.