El asambleísta Cléver Jiménez (PK) presentó una denuncia penal en la Fiscalía contra el presidente Rafael Correa y el ministro de Defensa, Javier Ponce, por presunto delito de lesa humanidad por los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010 (30-S), día de la insurrección policial.
El asambleísta Cléver Jiménez (PK) presentó una denuncia penal en la Fiscalía contra el presidente Rafael Correa y el ministro de Defensa, Javier Ponce, por presunto delito de lesa humanidad por los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010 (30-S), día de la insurrección policial.
Jiménez acusó al mandatario de ser el único responsable de la muerte de cinco personas (dos militares, dos policías y un civil) durante la Operación Rescate de las Fuerzas Armadas para la liberación de Correa del Hospital de Policía en Quito.
“Alguien tiene que pagar por las muertes... al momento que él (Correa) dispone y da la orden que le rescaten y en el rescate se da la balacera, el culpable directo y responsable de todo lo que pasó el 30-S se llama Rafael Correa Delgado, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”, aseguró Jiménez.
La demanda de 17 páginas y documentos adicionales, como el informe del Comando Conjunto sobre la Operación Rescate, testimonios, notas de prensa, representan, según el asambleísta, pruebas para sustentar el proceso contra Correa.
El fiscal subrogante, César Morales, señaló que pasará la denuncia a manos del fiscal de la Unidad de Indagaciones, Orlando Benavides, para el trámite correspondiente.
Además del delito de lesa humanidad, se acusa a Correa de otros supuestos delitos como incitar al caos público, a la discordia civil, a la alteración del orden constitucional, a la rebelión de la fuerza pública.
Jiménez llegó a la Fiscalía acompañado del exsindicalista petrolero y representante de Polo Democrático Fernando Villavicencio, quien pidió al fiscal de la causa la declaración juramentada de cercanos colaboradores de Correa que le acompañaron el 30-S como Santiago Díaz, Francisco LaTorre, Paco Velasco, Ricardo Patiño, César Rodríguez (quien se desafilió de PAIS hace pocos días).
A pesar de que los denunciantes consideran que la demanda podría ser desestimada por la Fiscalía, por la cercanía de su titular Galo Chiriboga con el Gobierno, señalaron que lo hacen para agotar las instancias internas, antes de presentar el caso en tribunales internacionales.
El pasado lunes, el ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo que no tiene sentido preguntarse quién ordenó disparar en el hospital, sino quién ordenó la insurrección policial. En ese marco rechazó “el uso malicioso y parcial” que, según Ponce, se le da al informe militar sobre el 30-S.
