La cifra representa casi un tercio de los 227 ambientalistas y defensores de la tierra que fueron asesinados a nivel mundial el año pasado, superando el récord de 212 en 2019.
Una activista ambiental en el húmedo departamento de Putumayo, en la selva del sur de Colombia, se preparaba para hacer algunas diligencias a principios de este año cuando recibió un mensaje de advertencia por parte de un contacto.
"Me escribe en un mensaje que era mejor que no saliera", dijo.
"A usted ya le han mandado en tres ocasiones el pollo para que le dé", recordó refiriéndose a las bandas criminales que operan en su aldea. Reuters no pudo verificar de forma independiente el contenido de los mensajes.
La mujer, que vive protegida por guardaespaldas del Gobierno, es una de las decenas de activistas amenazados en Colombia, el país más peligroso del mundo para los ambientalistas.
Ella huyó de su pueblo en octubre pasado, después de que su activismo y su oposición a los cultivos ilícitos que dañan la selva amazónica la convirtieron en blanco de los asesinos de bandas criminales.
Para su protección, Reuters no nombra a la activista ni al grupo criminal, aunque su historia fue corroborada por un equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Un récord de 65 defensores del medio ambiente fueron asesinados en Colombia en 2020, según un informe publicado el lunes por el grupo de defensa Global Witness.
La cifra representa casi un tercio de los 227 ambientalistas y defensores de la tierra que fueron asesinados a nivel mundial el año pasado, superando el récord de 212 en 2019.
Global Witness aseguró que su recuento anual probablemente está subestimado, porque muchos asesinatos en lugares rurales, así como en algunos países completos, no se denuncian.
Se trata del segundo año consecutivo en que Colombia registra la mayor cantidad de asesinatos, a pesar de las promesas del Gobierno de aumentar la seguridad en las zonas rurales y ofrecer protección a los activistas.
El presidente Iván Duque dejará el cargo en agosto del próximo año y los asesinatos de activistas ambientales se han más que duplicado durante su mandato de cuatro años, según el recuento anual de Global Witness.
La muerte de activistas comunitarios y de derechos humanos colombianos de todas las tendencias ha provocado críticas a Duque por parte de grupos de defensa, así como llamados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a intensificar las medidas de protección.
Los asesinatos de activistas ambientales disminuyeron brevemente en los dos años posteriores al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo con cifras de Global Witness.
El acuerdo de paz condujo a una disminución generalizada de la violencia, pero la desmovilización de las FARC abrió un vacío de poder en algunas áreas.
Los excombatientes disidentes de las FARC que rechazan el acuerdo, así como los miembros del grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales ahora luchan por el control en muchas regiones.
Global Witness dijo que el fracaso del Gobierno para implementar adecuadamente el acuerdo de paz y prevenir la expansión de otros grupos armados probablemente esté relacionado con el alza de los asesinatos de activistas, que se dispararon a 64 en 2019, muy por encima de los 37 antes del acuerdo.
El Ministerio de Ambiente dijo en un comunicado que el Gobierno colombiano está trabajando en todos los departamentos para mitigar el conflicto y abordar la violencia.
"El Ministerio de Ambiente trabajará para dejarle al país mecanismos de gestión sólidos de prevención, protección y garantías de no repetición", precisó el comunicado.
El Gobierno acusa a las bandas criminales y a los rebeldes de izquierda involucrados en el tráfico de drogas por el aumento de los asesinatos de los activistas.
"Ante la falta de acción estatal en términos de implementación del acuerdo de paz ha habido muchas áreas del país (que) han sido superadas por guerrillas, paramilitares y otros grupos criminales", dijo Laura Furones, asesora principal de Global Witness para su campaña de defensores de la tierra y el medio ambiente.
"Colombia no puede perder más tiempo, más vidas", afirmó. "Vemos tendencias alcistas realmente preocupantes y eso nos dice que lo que sea que esté haciendo el Gobierno no es suficiente".
La activista de Putumayo huyó luego de las amenazas del grupo armado que quiere que los lugareños derriben el bosque para sembrar hoja de coca, la principal materia prima de la cocaína.
Le dieron guardaespaldas financiados por el Estado y un vehículo blindado tras su huida, pero anhela poder regresar a salvo a su pueblo.
La Unidad Nacional de Protección, que proporciona guardaespaldas a los funcionarios y figuras públicas amenazadas, dijo que no confirma las identidades de las personas a las que protege.
"Desde octubre del año pasado no he podido ir a la zona", aseguró. "Por mucha protección que uno tenga del Estado (...), yo no cambio eso por la tranquilidad en mi casa, en ningún momento lo cambio".
Diecisiete de los ambientalistas colombianos asesinados en 2020 estaban involucrados en programas de sustitución de cultivos de coca, estableció Global Witness. Reuters no pudo verificar de forma independiente las cifras.
Algunos activistas ambientales también son exguerrilleros de las FARC, lo que los convierte en objetivos potenciales de sus excompañeros de armas que rechazan el acuerdo de paz y obtienen grandes ganancias de la coca y de la minería ilegal, según activistas, el Gobierno y los grupos de defensa.
No fue posible contactar a los grupos armados para hacer comentarios.
Más de 280 exmiembros de las FARC han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz, según el grupo de defensa Indepaz. El Gobierno cuenta cerca de 260 muertos.
Al menos un activista ambiental, Hernando José Molina, incluido en la lista de los asesinados el año pasado de Global Witness, era un excombatiente que había firmado el acuerdo de paz de 2016, según un informe del grupo de defensa local Somos Defensores.
El exguerrillero Jorge Santofimio lidera una red de viveros en Putumayo y otros dos departamentos, cultivando árboles jóvenes destinados a restaurar áreas dañadas de la Amazonía, con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Él y otros exguerrilleros esperan que el trabajo los reconcilie con las comunidades que sufrieron durante el conflicto, pero Santofimio reconoció que su activismo los está convirtiendo en un objetivo de los grupos armados.
"Aquí a uno no lo matan por ser firmante de la paz. Aquí lo matan a usted por querer construir paz", afirmó.
