En una carta conjunta al gobierno y al Congreso colombianos, 11 expertos en derechos humanos de Naciones Unidas pidieron reconsiderar urgentemente el proyecto.
Bogotá. Los efectivos de las Fuerzas Armadas de Colombia sospechosos de haber cometido delitos como asesinatos y torturas, en medio del conflicto interno que azota al país, podrían eludir juicios y castigos si es aprobada una reforma constitucional propuesta por el gobierno, advirtieron este lunes expertos de la ONU.
En una carta conjunta al gobierno y al Congreso colombianos, 11 expertos en derechos humanos de Naciones Unidas pidieron reconsiderar urgentemente el proyecto de reforma en aras de la lucha contra la impunidad y el fomento de la paz.
En su misiva hicieron referencia a un proyecto de reforma constitucional que avanza en el Congreso colombiano que busca proteger a los militares y policías cuando cometan algunos delitos en actos del servicio.
"De aprobarse esta reforma, se perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las Fuerzas Militares o de la Policía (Fuerza Pública)", aseguraron los expertos.
"Esta reforma representaría un retroceso histórico en los avances del Estado Colombiano en la lucha contra la impunidad y el respeto y garantía de los derechos humanos", advirtieron.
Para los expertos, ese proyecto ampliaría el poder de los tribunales penales militares para investigar las violaciones cometidas por todas las partes, lo que ven como contraproducente y por tanto recomendaron que los casos permanezcan en manos de civiles.
El gobierno ha rechazado las críticas y ha asegurado que no cobijará a los efectivos que cometan violaciones a los derechos humanos en actos que no sean considerados propios del servicio como genocidio, desaparición forzada y abuso sexual.
La norma, de acuerdo con el Gobierno, busca dar garantías jurídicas a los militares para no ser procesados en caso de que en actos inherentes al servicio y en cumplimiento de las normas de derechos humanos se produzcan muertes de combatientes de la guerrilla o de otros grupos armados ilegales.
El proyecto está siendo discutido en el Congreso y ha superado siete debates, por lo que le falta uno para convertirse en ley.
Las Fuerzas Militares y de la policía de Colombia, que combaten a la guerrilla izquierdista y que también enfrentan el narcotráfico que alimenta el conflicto, tienen un largo historial de violaciones a los derechos humanos que incluye asesinatos, masacres, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desplazamiento forzado.
Los expertos de la ONU dijeron que el establecimiento de un Tribunal de Garantías Penales, como la corte de control para tratar con cualquier acusación contra un miembro de la Fuerza Pública, sugeriría que el acusado estaría recibiendo un trato preferente, lo cual podría generar un clima de impunidad.
También consideraron que ese tribunal, entre otras cosas, examinaría casos exclusivamente relacionados con el personal militar o policial, lo que supondría la existencia de un sistema paralelo de administración de la justicia, violaría el principio de igualdad y entorpecería del debido proceso legal, atentando así contra el Estado de Derecho.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) instalaron la semana pasada en Noruega una negociación de paz con la que se busca poner fin al conflicto interno de casi 50 años, el más prolongado del continente americano.
Los negociadores del Gobierno y de las FARC se reunirán en Cuba a mediados de noviembre para iniciar lo que probablemente serán complejos diálogos de paz.
Los derechos humanos figuran entre uno de los cinco grandes temas que abordarán las partes en la negociación, en el más reciente intento en más de una década para poner fin a la confrontación.
