El ahora ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, fue señalado por los expertos de haber ido con un detenido a un río donde se encontraron los restos, sin dejar registro de sus actuaciones en el expediente del caso.

Ciudad de México. La fiscalía general de México anunció el miércoles la renuncia del funcionario que condujo las primeras investigaciones del caso de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos, a quien expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron como sospechoso de haber manipulado evidencias.

Un centenar de estudiantes de magisterio llegaron el 26 de septiembre del 2014 a Iguala, en el sureño estado de Guerrero, para dirigirse en autobuses a una protesta.

Allí fueron atacados por policías municipales, secuestrados y supuestamente entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado y quemado en una enorme pira, según la primera versión del Gobierno, la cual ha sido duramente cuestionada por expertos.

El ahora ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, fue señalado por los expertos de haber ido con un detenido a un río donde se encontraron restos, sin dejar registro de sus actuaciones en el expediente del caso.

Estas diligencias condujeron a la identificación mediante un pequeño resto óseo de uno de los estudiantes desaparecidos, pero también generaron dudas.

La fiscalía general dijo el miércoles en un comunicado que la procuradora general Arely Gómez aceptó la renuncia de Zerón, sin dar más detalles de sus motivos para separarse del cargo.

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Horas más tarde, el Gobierno informó que el presidente Enrique Peña Nieto nombró a Zerón como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

"El nombramiento de Zerón de Lucio es un reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores", dijo en un comunicado la Secretaría de Gobernación.

Los expertos de la CIDH, que estuvieron investigando en México el caso durante 14 meses, dijeron en abril que Zerón debía ser investigado y apartado del cargo para clarificar las pesquisas.