El reporte de 471 páginas fue divulgado tras una revisión de 19 meses hecha por el inspector general del departamento sobre la "Operación Rápido y Furioso", que permitió que unas 2.000 armas potencialmente ilegales ingresaran en México.
Washington. Un organismo de control del Departamento de Justicia de EE.UU. ordenó una evaluación de las labores de 14 empleados para imponerles posibles medidas disciplinarias en relación con una fallida investigación sobre contrabando de armas a México.
El reporte de 471 páginas fue divulgado tras una revisión de 19 meses hecha por el inspector general del departamento sobre la "Operación Rápido y Furioso", que permitió que unas 2.000 armas potencialmente ilegales ingresaran en México.
La operación fue coordinada entre fines del 2009 e inicios del 2011 por las oficinas en Phoenix, Arizona, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía de EE.UU.
La meta era intentar rastrear las armas que eran traficadas desde el comprador inicial hasta los miembros de alto rango de los cárteles de la droga en México.
Sin embargo, en la mayoría de los casos los agentes de la ATF no lograron seguir las armas más allá del comprador inicial. La oposición ha cuestionado quiénes en el Gobierno sabían y aprobaron la operación y sus tácticas y emitió citaciones para pedir documentos y el testimonio de testigos.
La operación generó indignación en quienes defienden el derecho a poseer armas en Estados Unidos y es un punto de gran importancia para las críticas republicanas al presidente Barack Obama de cara a las elecciones del 6 de noviembre.
Uno de los oficiales nombrados en el reporte es Lanny Breuer, designado por Obama como jefe de la división de delitos del Departamento de Justicia.
El reporte cita a Breuer por no alertar en el 2010 a sus superiores de fallas en un programa similar a la "Operación Rápido y Furioso" que comenzó durante la presidencia de George W. Bush.
"Rápido y Furioso" salió a la luz después de un tiroteo con inmigrantes ilegales en diciembre del 2010 en el que murió el agente de la patrulla fronteriza de EE.UU. Brian Terry.
Dos armas de esta operación fueron halladas en el lugar donde falleció Terry. No está claro, sin embargo, si esas armas realizaron los disparos que provocaron su muerte.
El reporte concluye que "no hay evidencia" de que el fiscal general Eric Holder, quien encabeza el Departamento de Justicia, conociera los detalles de esta operación antes de que la misma se hiciera pública en febrero del 2011.
Holder pidió la revisión interna ese mismo mes.
Las autoridades mexicanas se han quejado por el flujo de armas que entran al país desde EE.UU. y que contribuyen a una letal guerra con los cárteles del narcotráfico.
