Representantes de 28 países intercambiaron experiencias y avances respecto a este tema, reiterándose la prioridad de mantener la fiscalización sobre las sustancias químicas y sus precursores.

Con el compromiso de reforzar la concienciación sobre el uso indebido de químicos para fines prohibidos, concluyó en Santiago la XV Reunión Regional de América Latina y el Caribe sobre la aplicación de la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ).

Representantes de 28 países intercambiaron experiencias y avances respecto a este delicado tema, reiterándose la prioridad de mantener la fiscalización sobre las sustancias químicas y sus precursores.

El objetivo principal del encuentro fue revisar el estado de aplicación de la CAQ por parte de los países de la región y, a su vez, crear un foro de participación e intercambio de opiniones y experiencias en el cumplimiento de las obligaciones que impone dicho convenio internacional.

Dicha Convención exige el control de ciertas sustancias químicas tóxicas y sus precursores, los cuales han sido incluidos en tres listas conforme a su toxicidad y potencialidad para ser usadas como armamento.

En la reunión se informó la labor de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y se realizaron consultas con el personal de la Secretaría Técnica y especialistas para poder aplicar las obligaciones que fueron contraídas en virtud de esa Convención.

Durante estos tres días, se abordó el estado de aplicación de las disposiciones asumidas en la OPAQ y se hicieron recomendaciones sobre asuntos prácticos respecto a las obligaciones contraídas en la Convención y se analizaron las medidas para elevar la aplicación de las normativas.

Se ratificó la necesidad mantener en cada país el control de todas las actividades relacionadas con sustancias químicas, identificar todas las actividades declarables y aumentar el involucramiento de todas las partes, tanto de la industria privada como del gobierno, entre otros.

También se acordó que, todas las instalaciones que elaboran sustancias declarables en cada país, deben contar con un marco regulatorio apropiado con medidas coercitivas que obligue a las Autoridades Nacionales a cargo del tema a hacerlo cumplir.

Además, los Estados Partes que no cuentan con una legislación de acuerdo a las exigencias de la Convención, deberán generar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a este compromiso.

La delegación chilena a este encuentro fue encabezada por el viceministro para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar Tapia.