Efraín Ríos Montt, de 86 años, y José Rodríguez, su antiguo jefe de Inteligencia Militar de 67 años, son procesados por la masacre de 1.771 indígenas de la etnia ixil entre 1982 y 1983, cuando el primero gobernó de facto Guatemala y el país se encontraba en plena guerra interna (1960-1996).

Guatemala, EFE. Los defensores de los ex generales José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez fracasaron este jueves en su intento por suspender el juicio por genocidio, luego de que la jueza que lleva el caso rechazó la petición, por lo que ahora pidieron la destitución de la magistrada y sus colegas del tribunal.

Ríos Montt, de 86 años, y Rodríguez, su antiguo jefe de Inteligencia Militar de 67 años, son procesados por la masacre de 1.771 indígenas de la etnia ixil entre 1982 y 1983, cuando el primero gobernó de facto Guatemala y el país se encontraba en plena guerra interna (1960-1996).

La jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, rechazó este jueves el pedido de suspensión del juicio planteado por Danilo Rodríguez y César Calderón, defensores de Ríos Montt y de Rodríguez, respectivamente.

Los abogados apelaron a un fallo de la Corte Constitucional, la máxima instancia judicial del país, que ordenó entregar el expediente a otro Juzgado para corregir un procedimiento.

Calderón alegó que la resolución de la Corte Constitucional ordena que otra judicatura decida si se aceptan las pruebas de descargo contra los militares que fueron rechazadas durante el juicio, que comenzó el pasado 19 de marzo y se encuentra ahora en su etapa final.

La jueza Barrios rechazó detener el proceso con el argumento de que el pasado 5 de abril admitió las pruebas reclamadas por la defensa para ser tomadas en cuenta, por lo que ya se cumplió con lo ordenado por la Corte Constitucional.

Barrios también se negó a remitir el expediente a otro Juzgado porque, dijo, "sería ilegal retrotraer el proceso a una fase ya concluida".

Los defensores presentaron este mismo jueves un nuevo recurso ante la Corte Constitucional, solicitando ahora la destitución de Barrios y de los jueces Patricia Bustamante y Pablo Xitumul, que conforman el tribunal que lleva el juicio, acusados de "violar la Constitución".

El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo "se apresuró" a iniciar el juicio sin que hubiera concluido la fase previa de recepción de pruebas en favor de sus defendidos, dijo Calderón a medios locales.

"No sabemos lo que va a pasar. Es posible que continúe el debate o no", añadió.

De prosperar el nuevo pedido de la defensa, la Corte Constitucional deberá asignar el caso a un nuevo tribunal.

La defensa de los antiguos generales ha intentado detener el juicio con una serie de amparos y recursos, hasta ahora sin éxito.

El rechazo de Barrios de suspender el juicio provocó la airada protesta de los defensores en la audiencia de este jueves, cuando se declararon en "resistencia pacífica" y abandonaron la sala.

Calderón explicó que no renunciaban a la defensa de los ex altos cargos militares retirados, pero que se iban en protesta por la "ilegalidad" del proceso judicial.

El tribunal aplazó para mañana la continuación del juicio y advirtió que, en caso de que la defensa no se presente, tomará las "medidas correspondientes" para garantizar el derecho a la defensa de los procesados.

Una de esas medidas podría ser, como solicitó la Fiscalía, la designación de abogados defensores de oficio proporcionados por la Defensoría Pública Penal.

Ríos Montt se negó a responder las preguntas de los reporteros debido a que, argumentó, sus abogados le han recomendado "no dar declaraciones" ya que "lo que diga o deje de decir puede ser usado" en su "contra".

Rodríguez, por su parte, se limitó a decir que no tiene dinero para pagar a otros abogados para que se encarguen de su defensa.

La activista Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, que ha asesorado diversos procesos judiciales contra militares, dijo que la actitud de la defensa "es una estrategia para evitar que el juicio llegue a su fin".

Mientras que la Claudia Samayoa, coordinadora de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, señaló que el retiro de los abogados de la sala "fue igual a que un cirujano abandone el quirófano en medio de una operación".