Rodrigo de Rato y Figaredo fue vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía entre 1996 y 2004, durante el gobierno de José María Aznar.

El arresto tuvo lugar en su domicilio, que fue registrado por orden judicial durante tres horas, para luego ser llevado por agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria española.

Tras la apertura de la investigación, se supo que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012, para hacer aflorar fortunas no declaradas.

Según publicó este miércoles el diario digital Vozpópuli, el ex presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) estaría siendo investigado por la unidad antiblanqueo de España, el Seplac.

El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que se intenta averiguar si el origen del patrimonio que regularizó "es lícito o ilícito".

En declaraciones a las agencias Efe y Europa Press, Rato rechazó aclarar a la opinión pública cómo es posible que tuviera dinero oculto del Fisco y negó que tenga o haya tenido sociedades en paraísos fiscales, como apuntaba Vozpópuli, o que haya sido requerido ya por la unidad anti blanqueo: "No me consta que el Sepblac me haya abierto una investigación por supuesto blanqueo de capitales ni tengo ni he tenido ninguna sociedad en Gibraltar e Islas Vírgenes", declaró quien fuera ministro de Economía y Hacienda durante el gobierno de José María Aznar (1996-2004).

El Partido Socialista (PSOE), el más importante de la oposición en España, acusó al Ejecutivo de Rajoy de haber impulsado la amnistía fiscal para beneficiar a su Partido Popular (PP) y a su entorno y exigió la dimisión del actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Éste aseguró en la Cámara baja que la Agencia Tributaria trabaja "con independencia" y que "el respeto a la ley y al interés general está por encima de todo".

Rato, también ex presidente de la entidad española Bankia, está imputado por varios delitos, entre ellos estafa y falsedad documental, por las presuntas irregularidades en la salida a bolsa del banco en 2011. También está imputado en el caso de las llamadas "tarjetas black", que investiga el uso de tarjetas de crédito no declaradas por parte de la cúpula de las entidades Caja Madrid y Bankia. El escándalo provocó su salida del PP el pasado octubre.