La presidenta brasileña volvió a calificar como un "golpe" el juicio político promovido en su contra por la oposición y aseguró que la quieren "derrocar" para "golpear los derechos conquistados por la población".

En un acto en el que anunció nuevas metas para un programa de construcción de viviendas populares, Rousseff fue respaldada por activistas de movimientos sociales al grito de "no habrá golpe", que se repite en cada manifestación en favor de la mandataria y este miércoles (30.03.2016) se escuchó en los salones del Palacio presidencial de Planalto.

"Tenemos que estar atentos, porque quien no tiene razones para sacar a un Gobierno con base en la Constitución, quiere sacarlo para golpear los derechos conquistados por la población", aseguró.

Rousseff incluso planteó que si eso ocurre con una presidenta elegida democráticamente, "qué no harán contra el pueblo" aquellos que, en su opinión, "no aceptaron nunca" los programas sociales que han beneficiado a millones de brasileños en los últimos años.
Rousseff: “No es un delito de responsabilidad”

La oposición promueve un juicio político contra Rousseff bajo la acusación de que incurrió en un "delito de responsabilidad", que la Constitución prevé como causa de destitución de un jefe de Estado, al avalar unas maniobras contables para supuestamente maquillar los resultados del Gobierno en los dos últimos años.

Rousseff reiteró que eso "no es un delito de responsabilidad" y que las cuentas que pueden ser juzgadas son solo las de 2014, ya que las de 2015 aún no han sido siquiera recibidas por el Congreso, que las debe aprobar o rechazar cada año.

Con relación a 2014, insistió en que corresponden a su anterior mandato, pues fue reelegida ese mismo año, y reiteró que, según muchos juristas, los "delitos de responsabilidad" que pueden llevar a la destitución deben haber sido cometidos en el período presidencial en curso.

Vociferan “Temer golpista”. Rousseff anunció que el Gobierno se propone construir en los próximos tres años unos dos millones de viviendas de interés social, que se sumarán a las 2,2 millones ya entregadas desde 2011.