Brasil tiene desde 2007 una legislación específica contra la violencia doméstica, conocida como la Ley María da Penha, cuya aplicación, no obstante, no ha sido efectiva en la reducción de los asesinatos de mujeres.
Río de Janeiro. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, defendió este martes la necesidad de coordinar todos los órganos del Estado para fomentar la "tolerancia cero" con los agresores de las mujeres y la violencia machista.
"Es muy importante que tengamos esta actitud de cooperación no solo del gobierno. Toda la sociedad tiene que comprometerse contra esta violencia que afecta a las mujeres", afirmó Rousseff en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul, durante la inauguración de un centro de atención a las víctimas de la violencia machista.
Brasil tiene desde 2007 una legislación específica contra la violencia doméstica, conocida como la Ley María da Penha, cuya aplicación, no obstante, no ha sido efectiva en la reducción de los asesinatos de mujeres, según un reciente estudio del estatal Instituto de Estudio Económico Aplicado (IPEA).
De acuerdo con este estudio, el número de mujeres muertas por sus compañeros se ha mantenido estable en los últimos años, en una tasa cercana a 5,43 por cada 100.000 habitantes, lo que supone cerca de 5.600 asesinatos al año.
El centro de atención a la mujer inaugurado hoy por Rousseff, denominado Casa de la Mujer, forma parte de un proyecto de asistencia social que aspira a convertirse en un instrumento "de tolerancia cero contra la violencia" contra las mujeres, según la presidenta.
Rousseff afirmó que las Casas de la Mujer harán posible "el ataque conjunto de todos los órganos del Estado" contra la violencia machista, puesto que contarán con una comisaría y una fiscalía que funcionarán 24 horas por día, con el objetivo de agilizar las denuncias contra los agresores y la acogida de las víctimas.
Las Casas de la Mujer también ofrecerán a las víctimas atención psicológica, social, jurídica, sanitaria e incluso orientación en la búsqueda de trabajo.
El centro de Campo Grande podrá atender a entre 200 y 250 mujeres por día; cuenta con 126 profesionales y ha exigido inversiones de 18,2 millones de reales (unos US$7 millones), lo que incluye el coste de operación en sus dos primeros años.
En los próximos meses se abrirán nuevos centros en Brasilia y Curitiba, en el sureño estado de Paraná.
Hasta el final del año se prevé llegar a doce unidades y posteriormente el proyecto se extenderá a 26 de las 27 capitales regionales de Brasil.
El proyecto brasileño se basa en uno similar desarrollado en El Salvador desde 2011, llamado Ciudad Mujer, que ya cuenta con seis centros en los que ya han recibido atención unas 600.000 mujeres.
Esta iniciativa, que en El Salvador cuenta con apoyo financiero de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha sido recomendada como modelo por la ONU y otros organismos.
