El Jefe de Estado consideró que la sentencia proferida por La Haya frente a la disputa territorial con Nicaragua se dio “en perjuicio de los derechos de los Estados y de los pueblos”.
El presidente Juan Manuel Santos denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el Pacto de Bogotá que estableció la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en los litigios con otros países.
El Jefe de Estado consideró que la sentencia proferida por La Haya frente a la disputa territorial con Nicaragua se dio “en perjuicio de los derechos de los Estados y de los pueblos”.
“El martes Colombia denunció el Pacto de Bogotá y el aviso correspondiente fue entregado al secretario de la Organización de Estados Americanos; surtirá efectos respecto de los procesos que se inician después de transmitido el aviso”, señaló.
Y continuó: “Nunca más nos debe volver a suceder lo que ocurrió con el fallo del 19 de noviembre, proferido por la Corte Internacional de Justicia”.
Para el gobierno “es evidente que este fallo condujo a un resultado manifiestamente contrario a la equidad. Además, lleva a un grado de detrimento de los intereses nacionales, como los derechos de los colombianos que viven en el archipiélago, la protección de la de la reserva marina Sea Flower y la posibilidad de acceder a los recursos naturales”.
En el mismo sentido, Santos recordó que “el fallo afectó los tratados de delimitación suscritos por Colombia con otros Estados del Caribe”.
“Esta denuncia forma parte de las medidas que hemos venido estudiando. No impide que Colombia acuda a todos los mecanismos y recursos que concede el derecho internacional para defender nuestros intereses y proteger los derechos de los colombianos”, sostuvo Santos.
Según él, su decisión obedece a un principio fundamental: “los límites entre los Estados deben ser fijados por los propios Estados”.
Y fue claro en descartar que Colombia pretenda una confrontación con Nicaragua. “Colombia no pretende separarse de los mecanismos de solución pacífica en las controversias, por el contario, Colombia reitera su compromiso de recurrir siempre a procedimientos pacíficos”, enfatizó.
“Las fronteras terrestres y los límites marítimos entre los Estados no deben quedar en manos de una Corte sino que deben ser fijados de mutuo acuerdo por los Estados mediante tratados. Ese principio esencial es compartido por países en diferentes continentes del mundo que han tomado la misma posición que ahora adopta Colombia”, explicó.
Determinaciones como la que tomó ahora Colombia la han asumido países como Noruega, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
¿Blindaje a futuros procesos? La canciller María Ángela Holguín dijo desde la semana pasada que “pensando en situaciones futuras” se inició el análisis para apartarse del pacto.
“Estamos en un estudio rápido y vamos a hacerlo muy rápido”, señaló la ministra de Relaciones Exteriores.
El principal temor de Colombia radica en que cuando Nicaragua pidió las 200 millas de plataforma continental extendida, la Corte nunca respondió enfáticamente a su petición.
Rebeldía, su única opción. Las posibilidades de que el fallo sea modificado son casi nulas, por lo que la única opción que tiene Colombia si no quiere acatarlo es declararse en rebeldía, de acuerdo con analistas y expertos, una decisión contraria a los tradición histórica de Bogotá de respetar el derecho internacional.
Analistas y expertos han advertido que si Colombia decide no acatar el fallo, podría crear tensión en la región por el respaldo que recibiría Nicaragua de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Otras naciones que decidieron desconocer la jurisdicción de la CIJ son Noruega, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, de acuerdo el mandatario colombiano que aseguró que su país seguirá buscando soluciones pacíficas a las disputas internacionales.
* Con información de El Espectador y Reuters.
