Las bandas criminales son consideradas la mayor amenaza para la seguridad de Colombia, después del acuerdo de paz que firmó el Gobierno con la exguerrillla de las FARC en 2016 y de la negociación que avanza con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Bogotá.- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó este lunes una ley que permitirá a grupos criminales organizados someterse a la justicia, una norma que puede contribuir a la consolidación de la paz en el país sudamericano y a la entrega de las armas de miles de combatientes de organizaciones armadas ilegales.

Las bandas criminales son consideradas la mayor amenaza para la seguridad de Colombia, después del acuerdo de paz que firmó el Gobierno con la exguerrillla de las FARC en 2016 y de la negociación que avanza con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos.

“Acabamos de sancionar la ley que va a ser un paso muy importante para la seguridad de los colombianos. Una ley clave para el futuro del país y que además permite seguir cumpliendo el contenido de los Acuerdos de Paz”, dijo Santos tras firmar la norma aprobada previamente por el Congreso.

“Esta ley permite la aplicación del derecho penal de forma colectiva. No implica darles reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de Justicia Transicional, de ninguna forma”, explicó el mandatario quien sostuvo que el sometimiento colectivo puede otorgar una rebaja de hasta la mitad de la pena, si se cumplen los acuerdos.

Santos señaló que la ley podría agilizar el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, una banda dedicada al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, que ofreció rendirse desde septiembre del año pasado.

El máximo líder de la organización es el prófugo Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita su captura o muerte. El Clan del Golfo cuenta con entre 1.500 y 2.000 combatientes, según fuentes de seguridad.

Sin embargo, la ley en ningún caso impedirá la extradición, pese a que considera condiciones especiales de reclusión que se pueden perder si se incumplen los compromisos.

De acuerdo con la Fiscalía General, los grupos armados organizados, que incluyen a disidentes de las FARC que no aceptaron los términos del acuerdo de paz, suman entre 5.000 y 6.000 personas armadas.