El Presidente de Colombia llegará a Quito para examinar con su homólogo Rafael Correa temas de seguridad fronteriza.
Bogotá. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitará Quito este lunes casi cuatro años después de que ordenó una incursión militar en Ecuador contra una base de la guerrilla Farc, con miras a dar vuelta la página en las relaciones con el vecino Ecuador.
"Damos vuelta a la página y estamos claros de que es tiempo de seguir construyendo la integración, la amistad entre nuestros dos países, la cercanía entre nuestros dos gobiernos, que es lo que nos interesa ahora", dijo el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, en vísperas de la visita de Santos.
Santos llegará a Quito para examinar con su homólogo Rafael Correa temas de seguridad fronteriza, tránsito libre de personas, transporte terrestre, comercio, migración, integración regional, interconexión eléctrica y cooperación energética, según informaron las respectivas cancillerías.
El sábado, Correa -quien restableció las relaciones diplomaticas en noviembre de 2009 tras casi 20 meses de ruptura- dijo que su país se "viste de gala" para recibir a Santos, a pesar de que como ministro de Defensa autorizó el bombardeo contra las Farc en Ecuador que dejó 25 muertos, entre ellos el número dos de esa guerrilla, Raúl Reyes, el primero de marzo de 2008.
"Bienvenido Juan Manuel, te esperamos con los brazos abiertos como esperamos siempre a todos los colombianos, a esos hermanos tan queridos en ésta que también es su patria", añadió el mandatario ecuatoriano.
Patiño, quien el miércoles se reunió en Quito con su homóloga colombiana María Angela Holguín, afirmó que ambas naciones están consolidando sus vínculos bilaterales.
"Hemos restablecido las relaciones en su más alto nivel, son extraordinariamente buenas y está claro que lo que sucedió (el bombardeo) en marzo de 2008 sucedió con responsabilidad histórica en otro momento", manifestó el canciller a la prensa.
Santos está "muy contento" por la visita a Ecuador, la cual será "muy exitosa y muy fructífera", anotó a su vez Holguín, para quien en la porosa frontera entre los dos países, de unos 700 km, hay "problemas" como la minería ilegal y el tráfico de combustibles, lo que demanda acciones conjuntas.
El gobernante colombiano viajará con varios ministros, entre ellos el de Defensa, Juan Carlos Pinzón, e instalará además en Quito un seminario sobre oportunidades comerciales en Colombia.
Colombia es uno de los principales socios comerciales de Ecuador, para el que la balanza tradicionalmente es deficitaria y con exportaciones por US$793,1 millones e importaciones por US$2.022,3 millones en 2010.
Entre enero y octubre de 2011, las ventas ecuatorianas alcanzaron los US$838,4 millones y las compras a Colombia los US$1.831,8 millones, según datos oficiales.
Santos y Correa tienen previsto abordar el problema del transporte de carga a raíz de ataques contra camiones ecuatorianos por parte de conductores colombianos.
Sus gobiernos han desconocido un acuerdo entre transportistas del departamento de Nariño (Colombia) y de la provincia de Carchi (Ecuador), que en noviembre decidieron el trasbordo en frontera de un 98% de la mercadería que cruza por el puente de Rumichaca, la principal conexión terrestre.
Los cancilleres de ambos paises señalaron que "ningún acuerdo privado puede estar por encima de los Estados y las normas nacionales y comunitarias" e instaron al cumplimiento de compromisos oficiales para solucionar las "dificultades que afronta el transporte internacional".
La visita de Santos será la primera de un mandatario colombiano tras el bombardeo contra la base clandestina de las Farc en Ecuador, hecho por el cual la justicia ecuatoriana inició un proceso a él y a seis oficiales colombianos por presunto asesinato.
En junio, la Corte de Justicia de Sucumbíos sobreseyó temporalmente al mandatario colombiano por su inmunidad, mientras que en septiembre un tribunal ordenó la detención de los seis oficiales, aunque la medida no tiene alcance internacional.
Santos rechazó entonces el pedido de arresto y dijo asumir la responsabilidad por haber autorizado el ataque durante el gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010).
