Con el fin de actualizar y agilizar los actuales parámetros que ya cumplen más de una década desde su creación, el nuevo gobierno electo estudiará solicitar ayuda a la OCDE u otro organismo especializado en estas materias. Desde las organizaciones ambientalistas miran con escepticismo la posible medida.

No faltó polémica en la aprobación o el rechazo ambiental de grandes proyectos mineros bajo la saliente administración de Michelle Bachelet. Ejemplos son el rechazo al proyecto minero-portuario Dominga o el proyecto de explotación subterránea Pascua Lama, que dejaron en evidencia las limitaciones de la actual institucionalidad ambiental que se utiliza en Chile para evaluar y aprobar o rechazar estas iniciativas.

Pero esta forma de medir a los mega proyectos podría cambiar. Es la promesa del actual presidente electo Sebastián Piñera, quien dentro de su programa de gobierno contempla medidas para mejorar el hoy discutido Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Según el programa de Piñera, un activo clave para poder lograr cuestionamientos mínimos será solicitar una consultoría internacional para actualizar esta herramienta. Así lo comentó para esta nota el coordinador ambiental del ex comando del hoy presidente electo Piñera, Ricardo Irarrázaval. El ex subsecretario del Medio Ambiente explicó que "actualmente existen muchas opiniones sobre eventuales modificaciones a un sistema que se creó en 1997, en un contexto bastante distinto al actual, y que requiere ser modificado y comparado con la experiencia internacional en la materia".

En la misma línea, el ex subsecretario comentó que, por ejemplo, se le podría pedir ayuda a la OCDE o a otras instituciones de prestigio internacional que puedan colaborar en esta materia, como por ejemplo la International Association for Impact Assessment (IAIA).

Estas ideas han encontrado eco en diversas organizaciones ambientales. La directora ejecutiva de la Organización Ambientalista Chile Sustentable, Sara Larraín, afirmó sobre lo mismo que "no es posible aplicar en Chile sistemas de evaluación ambiental como los utilizados en Estados Unidos y Europa, pues en esos países existe un ordenamiento territorial sólido, líneas de base ambiental establecidas y con información pública validada, además de gran cantidad de normas de emisión y normas de calidad. En esos casos la evaluación ambiental tiene muchos aspectos ya resueltos y puede ser más acotada. En Chile, en cambio, no hay ordenamiento territorial en base a usos prioritarios del territorio fuera de lo urbano; tampoco hay información de líneas de base territorial consolidadas y validadas por el Estado, y finalmente, nuestras normas de emisión son escasas y las de calidad casi inexistentes. Entonces, las evaluaciones ambientales deben ser más sólidas y acuciosas a objeto de prevenir los impactos socio ambientales".

Desde la consultora ambiental MG Medioambiente y Gestión, su directora Viviana Flores Peters se pronunció sobre esta materia: "Creo que no es necesario ir tan lejos para consultar a la OCDE o a instituciones extranjeras sobre cómo resolvemos un problema que en el sector tenemos más que claro. Necesitamos voluntad para sincerar los problemas de fondo. Uno de esos problemas de fondo es el llamado objetivo institucional, que puede sonar aburrido, pero es una pregunta vital que responder antes de querer cambiar el sistema por completo".

Irarrázaval insistió en que hay que mirar el ejemplo del modelo de Estados Unidos, correspondiente a un sistema de evaluación más acotado y enfocado en el riesgo ambiental o la experiencia europea, que se concentra en los proyectos de mayor riesgo ambiental. "También hay que tener presente que las legislaciones latinoamericanas, que se crearon siguiendo el modelo chileno, también se han ido modificando en el tiempo", añade.

La modificación ambiental que podría estar cuajando Piñera llegaría de la mano con la aceleración de proyectos de inversión que hoy están "entrampados" en la burocracia del actual sistema de evaluación por parte del Ejecutivo, pero Irarrázaval asegura a que esto no será saltarse la institucionalidad vigente.

"Son todos proyectos que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, pero que por diversas razones no se han podido concretar, muchas veces por razones burocráticas y de papeleos", aclaró el ex subsecretario del Medio Ambiente.