Alexis Mera manifestó que las medidas cautelares planteadas por la CIDH a favor del político de oposición Cléver Jiménez, sentenciado por injurias contra el presidente Rafael Correa, no serán cumplidas por Ecuador porque la comisión no tiene la competencia para emitir esos recursos.
Quito. Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, cuestionó este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que, a criterio del funcionario, se ha convertido en un “instrumento de la extrema derecha internacional”.
Durante una entrevista con GamaTV, Mera manifestó que las medidas cautelares planteadas por las CIDH a favor del político de oposición Cléver Jiménez, sentenciado por injurias contra el presidente Rafael Correa, no serán cumplidas por Ecuador porque la comisión no tiene la competencia para emitir esos recursos.
Alexis Mera adelantó que el gobierno de Ecuador analiza solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso.
“Esta gente (CIDH) se ha convertido en un instrumento de la derecha internacional y así los vamos a tratar. No vamos a acatar ningún tipo de opinión que hagan porque están demostrando su parcialidad. Cuando un juzgador se convierte en parcial, deja de tener legitimidad y al dejar de tener la legitimidad, dejan de ser acatadas sus decisiones”, insistió.
“Los de la CIDH no es que dicen que (Cléver) Jiménez es perseguido, que el proceso (judicial) está mal, que se debió haber pedido la autorización de la Asamblea. Simplemente dicen que para ellos no debería haber el delito de injurias. Algo que hay en toda América Latina, para funcionarios públicos”, subrayó Mera.
Respecto un posible asilo político de Cléver Jiménez en Panamá, el secretario jurídico aseveró que para que esto se efectivice, el solicitante debe estar en el territorio de ese país o en su delegación diplomática y que Jiménez no está en esta situación.
El asambleísta Cléver Jiménez, y sus asesores, Fernando Villavicencio y Carlos Figeroa fueron acusados de injurias por llamar "genocida" al presidente Correa, a quien denunciaron de haber, supuestamente, ordenado disparar contra ciudadanos el 30 de septiembre de 2010, día de la revuelta policial e intento de golpe de Estado.
Sin embargo, luego de nueve meses de investigación la Fiscalía no encontró pruebas sobre esta denuncia y fue declarada maliciosa y temeraria, lo que dio la pauta para que el mandatario los contrademande.
Jiménez y Villavicencio deberán cumplir 18 meses de cárcel, mientras que Figueroa fue condenado a seis meses de prisión.
Los tres se encuentran prófugos y han advertido que no se entregarán a las autoridades judiciales.
A fines de marzo, la CIDH solicitó a Ecuador que suspenda el fallo condenatorio hasta poder analizar el caso, lo que fue rechazado por Ecuador argumentado que el organismo no tiene competencias para emitir este tipo de recursos.
