La magnitud de la inseguridad pública en México rebasa el alcance de las propuestas presentadas por el gobierno, opina experto consultado por DW. Para los mexicanos, la policía es parte del problema, revela encuesta.
“Las ciudades, los pueblos, las carreteras, deben volver a ser espacios de tranquilidad, en los cuales los mexicanos transiten con seguridad, sin temor de perder la libertad o la vida”, dijo el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a finales de 2012, en su discurso de toma de posesión. Uno de los ejes iniciales de su gobierno se llamó precisamente “México en paz”.
Pero fue hasta después del ataque a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrido la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando se dio a conocer un plan de medidas concretas para combatir a nivel nacional el crimen, la corrupción y la impunidad.
Entre éstas se contempla la creación de un número único para emergencias, el establecimiento de una Clave Única de Identidad, y el establecimiento de policías estatales únicas.
Lo más desafiante para México es que, a pesar de las acciones emprendidas en la actual y en anteriores administraciones, algunas condiciones de debilidad institucional siguen presentes”, reconoció Peña Nieto al presentar las reformas en materia de seguridad, dos meses después de los sucesos de Iguala.
Un reto mayúsculo. Pero más allá del impacto que ha generado el caso Ayotzinapa, y pese al programa anunciado por el mandatario, la inseguridad permanece como un problema estructural sin resolver, y además es la principal preocupación de los ciudadanos en México (ver gráfica).
[[wysiwyg_imageupload:5385:]]
Cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas hablan de 22.610 casos de este tipo desde 2007, a los cuales se sumaron los 43 estudiantes desaparecidos.
El problema de la inseguridad en México va mucho más allá. Resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, llevada a cabo en diciembre de 2014, indican que 33,9% de los hogares mexicanos, uno de cada tres, sufrió algún tipo de delito en 2013.
Las perspectivas de alcanzar justicia son prácticamente nulas. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ubica en 93,8% la llamada “cifra negra”; es decir, el porcentaje de delitos que no son denunciados o que no llegan a ser perseguidos por las autoridades. En otras palabras, la justicia mexicana investiga solo el 6% de los ilícitos, y los ciudadanos acuden cada vez menos a las autoridades, de las cuales desconfían.
Ciudadanía indefensa. Por ejemplo, los mexicanos consideran que la policía es parte del problema. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, llevada a cabo en diciembre de 2014, aproximadamente un 70% de la población mexicana opina que la labor de las policías estatales y municipales es poco o nada efectiva en el combate a la delincuencia. Es prácticamente la misma cifra que se registró en años anteriores al caso de Ayotzinapa.
[[wysiwyg_imageupload:5386:]]
Propuestas del gobierno mexicano para reformar la policía, como el llamado “mando único” (“pasar de 1.800 policías municipales débiles a 32 unidades de policías sólidas, eficaces y honestas”, en palabras de Peña Nieto), no garantizan que las cosas cambiarán, dice a DW Antonio López Ugalde, especialista en seguridad, justicia y derechos humanos y miembro del Consejo Asesor del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
“No es desplazando toda la responsabilidad hacia los municipios ni absolviendo a las esferas estatal y federal de los graves problemas de seguridad como se lograrán avances en la materia”, considera el entrevistado, quien añade: “Esa lógica parece atender más a necesidades políticas coyunturales que a un enfoque técnico”.
Además, “la propuesta centralizadora del gobierno federal parte de supuestos que no necesariamente están apoyados en datos duros”, dice López Ugalde.
Más allá de la capacitación. En opinión del especialista en seguridad, justicia y derechos humanos, la capacitación de los agentes policiales en México ha mejorado. Entonces, ¿por qué no disminuyen la violencia, la impunidad y la violación a los derechos humanos? “Una hipótesis, ya señalada por distintos expertos, es que la capacitación por sí misma no eleva los índices de eficacia en la prevención y persecución del delito ni en el respeto a los derechos humanos”, responde Antonio López Ugalde.
La profesionalización de la labor policiaca debe ser parte de un modelo en el que estas instituciones actúen bajo un escrutinio efectivo de la sociedad, señala. Además, los policías deben realizar su función con un estricto respeto a la ley, que se haga cumplir desde los altos mandos.
En opinión del entrevistado, la propuesta de Peña Nieto para reformar a las policías mexicanas presenta una larga lista de carencias. Por ejemplo, dice, no incorpora como un elemento para la profesionalización la rendición de cuentas y la transparencia de las fuerzas del orden; no propone una ruta ni un calendario para la desmilitarización de la seguridad pública y no plantea métodos claros para la selección de agentes, que impidan el ingreso de aspirantes que ven a la policía como una opción para realizar actos ilegales impunemente.
Con todas estas omisiones y otras, dice López Ugalde, “es muy difícil ser optimista sobre la mejora del sistema de seguridad en México, en el futuro inmediato”.
Uno de los próximos pasos en las reformas al sistema mexicano de seguridad será la sustitución de la actual Procuraduría General de la República por una Fiscalía General. El tema será discutido en el Senado, en las próximas semanas. No se sabe cuándo, exactamente. Es decir que está, como los resultados mismos del nuevo programa de seguridad, a la espera de hacerse realidad.
