La decisión del Senado aún debe ser aprobada por la Cámara baja, que podría rechazarla y ratificar el decreto con el apoyo de representantes de grupos de presión de la industria de las armas y el sector agrícola, que fueron claves en la elección de Bolsonaro.
Brasilia. El Senado de Brasil revocó un decreto firmado el mes pasado por el presidente Jair Bolsonaro que amplió drásticamente el número de personas con permiso para portar armas en público.
Durante la campaña presidencial el año pasado, Bolsonaro prometió que cambiaría las leyes para permitir que más brasileños porten armas para la defensa propia. La medida temporal, sin embargo, necesita la aprobación del Congreso para volverse permanente.
La decisión del Senado aún debe ser aprobada por la Cámara baja, que podría rechazarla y ratificar el decreto con el apoyo de representantes de grupos de presión de la industria de las armas y el sector agrícola, que fueron claves en la elección de Bolsonaro.
El decreto amplió el derecho a portar armas a abogados, camioneros, policías de tránsito, guardias de seguridad de los sectores público y privado, cualquiera que viva en zonas rurales e incluso periodistas que cubran delitos. También elevó la cantidad de municiones que un propietario de armas puede comprar cada año de 50 a 50.000.
"La seguridad en áreas rurales es muy importante, por eso ampliamos el derecho a portar armas en todas sus propiedades", dijo Bolsonaro este martes en un evento agrícola, donde pidió a los legisladores que apoyen su decreto.
Sus críticos dicen que más armas es lo último que necesita un país que tendría la tasa de asesinatos más alta del mundo. Brasil informó 65.600 asesinatos en 2017.
Bolsonaro, un excapitán de Ejército que se hizo político, argumenta que los criminales de Brasil están armados, por lo que los ciudadanos que respetan la ley deberían tener el derecho a defenderse.
Su decreto socava esfuerzos para reducir la cantidad de armas en la sociedad brasileña al recolectar armas ilegales bajo un estatuto de desarme que entró en vigor en 2003.
El senador Randolfe Rodrigues, autor del proyecto de ley aprobado el martes, dijo que él y otros senadores recibieron amenazas de muerte a través de redes sociales y por teléfono advirtiéndoles que no revocaran la iniciativa del presidente.
