La denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es considerada la columna vertebral para implementar el acuerdo que se firmó hace un año con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos.
El Senado de Colombia aprobó la conformación de un tribunal especial para juzgar y sancionar a los antiguos comandantes de las FARC, militares y civiles acusados de cometer delitos de lesa humanidad en medio del conflicto armado, quienes podrán participar en política pese a los castigos que reciban.
La denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es considerada la columna vertebral para implementar el acuerdo que se firmó hace un año con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos.
La JEP, aprobada el miércoles a la media noche después de semanas de dilación en el Senado, forma parte del acuerdo que permitió a más de 7.000 combatientes de las FARC dejar las armas y conformar un partido político. El Senado dio luz verde a la norma un día después de que la Corte Constitucional declaró legal la reforma que dio origen a la jurisdicción.
Aún falta un debate y la aprobación por parte de la Cámara de Representantes para que se pueda implementar el nuevo tribunal, que juzgará y sancionará las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se produjeron en medio del conflicto armado.
La JEP también permitirá comparecer a civiles que hayan tenido participación en el conflicto por financiar a grupos armados ilegales como los escuadrones paramilitares de ultraderecha.
Bajo el nuevo sistema, quienes reconozcan verdad y responsabilidad en infracciones graves de los derechos humanos recibirán una sanción mínima de cinco años y una máxima de ocho años, incluyendo restricciones efectivas de algunas libertades y derechos como la movilidad.
Para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos la sanción será de dos a cinco años. Las personas que no admitan responsabilidad y sean condenadas por parte del tribunal enfrentarán privación efectiva de libertad entre 15 y 20 años en caso de conductas muy graves.
La imposición de cualquier sanción por parte de la JEP no inhabilitará para la participación en política, mientras que las personas que se sometan a ese tribunal no podrán ser extraditadas por hechos cometidos durante el conflicto armado y con anterioridad a la firma del acuerdo de paz.
