Pese a los cuestionamientos, los legisladores resolvieron a favor de la Ley de Seguridad Interior, que dota a los militares de un marco legal para intervenir con operaciones excepcionales si el presidente o gobiernos estatales consideran que las fuerzas policiales son insuficientes.

Ciudad de México. El Senado mexicano aprobó este viernes una polémica ley que además de regular el uso de las fuerzas armadas en las calles, para combatir grupos criminales, amplía sus facultades para actuar cuando se determine que existe una amenaza a la seguridad interior, en medio de enérgicas críticas de organismos como la ONU.

Pese a los cuestionamientos tanto de organismos internacionales como nacionales, los legisladores resolvieron a favor de la Ley de Seguridad Interior, que dota a los militares de un marco legal para intervenir con operaciones excepcionales si el presidente o gobiernos estatales consideran que las fuerzas policiales son insuficientes.

La ley pasará el viernes a la Cámara de Diputados y posteriormente al Ejecutivo para su promulgación.

Activistas dicen que la aplicación de la ley provocaría más violaciones a los derechos humanos y violencia, así como abuso por parte de las fuerzas armadas, que en el pasado han sido acusadas de ejecuciones arbitrarias, torturas y otros delitos.

A fines del 2006, el expresidente Felipe Calderón comenzó a enviar decenas de miles de militares a los puntos más violentos del país para combatir los cárteles de la droga ante la debilidad de los cuerpos policíacos. Sin embargo, muchos grupos, lejos de contenerse, se fragmentaron e incursionaron en otros delitos.

El ejercito mexicano había dicho que requería una ley para regular su operación, pero al mismo tiempo un mecanismo en el que se estableciera una fecha para que puedan volver a los cuarteles pues la institución no fue creada para combatir cárteles de la droga y otros delitos.

Organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado la aplicación de esta ley. Aseguran que una década de intervención no regulada de las fuerzas armadas no ha disminuido la violencia y que por el contrario han aumentado los violaciones de los derechos humanos.

La ley contempla, entre otras medidas, la intervención de militares y marinos para controlar, repeler y neutralizar actos de resistencia, lo que activistas ven como una amenaza a protestas de ciudadanos -que podrían ser sometidos con exceso de fuerza-, a meses de una elección presidencial para las que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador encabeza los sondeos.

La violencia desatada en México por el crimen organizado ha cobrado la vida de más de 200.000 personas en la última década.