La falta de condiciones para la discusión oral obliga al envío de textos sobre leyes secundarias.

Ciudad de México, Excelsior.com.mx A falta de condiciones que permitan el debate oral sobre las leyes secundarias de la Reforma Energética, PRI, PAN y Partido Verde se comunican con el PRD vía epistolar.

Después de que los perredistas abandonaron el debate energético por tener diferencias con quienes lo impulsan, las juntas directivas de las comisiones de Energía y Estudios Legislativos Primera aclaran, mediante escritos a opositores, las ventajas de los cambios propuestos.

Entre las 16 tesis que sostiene el PRD contra la reforma, destaca la advertencia de que habrá despojo de tierras.

“El mecanismo propuesto privilegia e incentiva la negociación y los acuerdos entre las partes y se basa en principios de transparencia, legalidad y equidad; se ha privilegiado la generación de beneficios equitativos para los propietarios y posesionarios de terrenos (...)”, dice el texto difundido en la página de internet de la Comisión deEnergía.

Con el aval del PRI, PAN y Partido Verde, la carta responde a la tesis perredista de que “se protege a las compañías petroleras más que a las comunidades y ejidos”.

“La servidumbre legal de hidrocarburos es una figura de carácter excepcional usada internacionalmente para alcanzar acuerdos entre las partes. Su uso sigue los más altos estándares de transparencia y equidad y respeta los derechos de los propietarios”, explica la carta.

Senadores estrenan debate... pero epistolar. Contestan sobre supuesta protección a compañías foráneas, despojo de tierras y freno a soberanía de combustibles.

El Senado inauguró una nueva forma de debatir, pues ante la dificultad de hacerlo con serenidad en persona, las juntas directivas de las comisiones de Energía y Estudios Legislativos Primera optaron por el diálogo epistolar y enviaron al PRD respuesta a 16 tesis que sostiene en contra de la Reforma Energética. Entre ellas aclaran que no habrá ni despojo ni abusos en tierras.

“El mecanismo propuesto privilegia e incentiva la negociación y los acuerdos entre las partes y se basa en principios de transparencia, legalidad y equidad; se ha privilegiado la generación de beneficios equitativos para los propietarios y posesionarios de terrenos, tales como que se les deba informar plenamente de los alcances y consecuencias que el proyecto podría tener en sus tierra y comunidades, que los acuerdos no puedan ser secretos, que deban constar por escrito y, en el caso de ejidos, que sean aprobados por amplias mayorías”, dice el escrito.

Difundido por medio de la página web de la Comisión de Energía, y entregado a los senadores de izquierda, el escrito, con el aval del PRI, PAN y Partido Verde, responde a la tesis perredista de que “se protege a las compañías petroleras más que a las comunidades y ejidos, argumentando que es por el bien común o el interés nacional.

“Se pasará de un régimen de propiedad nacional a otro privado, que implicará un despojo de la tierra en los procesos de concentración, lo que puede traer consecuencias sociales incalculables, como el desarraigo de pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías internacionales y cacicazgos locales, injusticia y exacerbación del resentimiento social”, dice el PRD.

La respuesta de PRI, PAN y PVEM dice que las leyes incluyen “elementos que permitirán proteger los derechos de los propietarios y reducir las posibles asimetrías en los procesos de negociación, mediante el establecimiento de criterios de referencia para la definición de las contraprestaciones, acordes con las mejores prácticas internacionales”.

Agrega que se incluyen mecanismos novedosos, como la “mediación, y prevé que los valores de la tierra deban considerar posibles plusvalías por virtud de los proyectos, el lucro cesante y la indemnización por cualquier afectación que se llegare a sufrir, factores que hasta ahora nunca se han tomado en cuenta.

“La servidumbre legal de hidrocarburos es una figura de carácter excepcional usada internacionalmente para alcanzar acuerdos entre las partes. Su uso sigue los más altos estándares de transparencia y equidad y respeta los derechos humanos de los propietarios y poseedores de terrenos, pues siempre habrá una indemnización a valor comercial”, precisa.

Negociación. El documento detalla que “se ha diseñado un esquema de negociación que pueda generar una convivencia constructiva entre las comunidades y los desarrolladores de proyectos.

“El objetivo es generar esquemas que permitan favorecer relaciones virtuosas, que se protejan los derechos de las partes, que el desarrollo del sector energético genere sinergias con el desarrollo regional, y que se garantice una distribución equitativa de beneficios”, dice.

Otro de los 16 puntos planteados por el PRD, referente a que la Ronda Cero generó que Pemex perdiera al menos 60 por ciento de las áreas exploratorias; 69 por ciento de los recursos prospectivos; 85 por ciento del recurso prospectivo en Lutitas; 71 por ciento del recurso prospectivo en aguas profundas; 41 por ciento del recursos prospectivo en aguas sometas y 17 por ciento en áreas terrestres.

A eso, priistas, panistas y verdeecologistas responden que “en su solicitud, Pemex requirió que se le asignaran áreas que contienen cerca de 100% de las reservas 1P, garantizadas diez años de producción a los niveles actuales; 83% de las reservas 2P), que son a 15 años de producción y el 71% de las reservas 3P, que son a 23 años de producción a los niveles actuales. Así, las reservas y los recursos prospectivos solicitados le permitirán a Pemex garantizar 36 años de operación a los niveles actuales”.

Un punto recurrente en la participaciones que tuvo el PRD en tribuna de las comisiones unidas es que la reforma no garantiza la seguridad energética de la nación para los próximos 30 años, pues privilegia la entrega de los hidrocarburos a la iniciativa privada extranjera.

Soberanía. La respuesta explica que “la Reforma Energética asegura la soberanía del país, al garantizar la propiedad del Estado sobre los recursos de hidrocarburos contenidos en el subsuelo. Esta primera medida establece los límites dentro de los cuales los participantes privados, nacionales y extranjeros, podrán desarrollar sus actividades”; contiene un esquema flexible de contrataciones que siempre beneficiarán al estado, porque elegirá las mejores condiciones para la extracción de sus recursos y los interesados deberán aceptarlas.

Ante la insistencia perredista de que no hay garantía de abasto ni reducción de precios con la reforma, los senadores que respaldan los cambios dicen que la competencia bajará los precios de manera natural y que se incluye una transición gradual a la liberación del precio.