La Mesa Directiva de la Comisión Permanente decidió esperar hasta el miércoles de la próxima semana para declarar la validez de la reforma constitucional con el fin de que se sumen a su aprobación un mayor número de congresos estatales.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión frenó la validez de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción porque los congresos estatales que faltan por avalarla pidieron esta semana como plazo máximo para respaldar también al Sistema Nacional Anticorrupción.
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente decidió esperar hasta el miércoles de la próxima semana para declarar la validez de la reforma constitucional con el fin de que se sumen a su aprobación un mayor número de congresos estatales, pese a que ya hay 22.
Para declararla válida era necesario el respaldo de 17 congresos estatales, que alcanzó desde el domingo pasado.
En cuanto diputados y senadores aprueben la validez de los cambios a la Constitución, éstos se enviarán al Ejecutivo federal para que la signe y enseguida se publique en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor.
Con esto nacerá el Sistema Nacional Anticorrupción y se facultará al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que sancione actos de corrupción de servidores públicos y privados; procederá la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito y los recursos locales provenientes de deuda respaldada por la Federación serán fiscalizados por la Auditoría Superior.
Los artículos transitorios de la reforma dan un año de plazo, a partir de su entrada en vigor, para que el Congreso de la Unión apruebe las leyes secundarias, entre ellas la ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la de Responsabilidades Administrativas, que aplicará a servidores públicos y privados que incurran en cualquier acto de corrupción.
No obstante, las legislaturas locales tendrán 180 días para armonizar sus leyes con la reforma constitucional.
El Sistema Nacional Anticorrupción, instancia para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y corrupción, también tendrá un año para consolidarse.
