Esteves, uno de los fundadores y el mayor accionista del banco de inversión BTG Pactual SA, y Amaral, quien es líder de la coalición de la presidenta Dilma Rousseff en el Senado, fueron arrestados el 25 de noviembre.
Los fiscales federales de Brasil presentaron este lunes cargos formales contra el multimillonario André Esteves y el senador Delcídio do Amaral, acusándolos de obstruir una investigación criminal sobre un caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, según una fuente con conocimiento del tema.
Esteves, uno de los fundadores y el mayor accionista del banco de inversión BTG Pactual SA, y Amaral, quien es líder de la coalición de la presidenta Dilma Rousseff en el Senado, fueron arrestados el 25 de noviembre por sospechas de obstrucción a la investigación sobre el mayor caso de sobornos en la historia de Brasil.
Esteves y Amaral han negado las acusaciones a través de sus abogados.
El caso ha sacudido a BTG Pactual, el sexto banco más grande del país, y sus otros fundadores arrebataron el control a Esteves luego de que renunció como jefe del directorio y presidente ejecutivo. Los acreedores e inversores están viendo de cerca si el banco está implicado en los cargos contra Esteves.
El arresto Amaral también ha crispado los nervios en Brasilia, la capital, debido a que los problemas del negociador de Rousseff en el Congreso dificultan que la legislatura apruebe medidas de austeridad impopulares que el Gobierno ha dicho que son cruciales para revivir a la economía.
Los cargos también acercan el escándalo de corrupción a Rousseff, quien no está bajo investigación pero fue presidenta de Petróleo Brasileiro SA, como es conocida formalmente Petrobras, desde el 2003 al 2010, período en el que los investigadores sospechan que ocurrió la mayor parte de los sobornos.
Amaral es el tercer legislador que es acusado en el marco del escándalo en Petrobras, después del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y el ex presidente y actual senador Fernando Collor de Mello. Bajo la Constitución de Brasil, los legisladores sólo pueden ser juzgados por el Supremo Tribunal Federal (STF).
El STF y la oficina del fiscal general no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre el caso.
En la sureña ciudad de Curitiba, decenas de ex legisladores y funcionarios han sido juzgados y hallados culpables, junto a ejecutivos de alto rango de empresas de ingeniería que están acusados de manipular los precios de los contratos con Petrobras y distribuir los excesos como sobornos.
