El jefe de la mayoría en el Senado, Harry Reid, y sus correligionarios demócratas dijeron que el primer paso hacia una reforma debe ser el fortalecimiento de la seguridad en la frontera.
Washington. Los líderes demócratas del Senado de Estados Unidos presentaron este jueves un bosquejo para reformar el sistema de inmigración del país, mientras crecían las protestas contra la ofensiva de Arizona contra los inmigrantes ilegales.
Con una estimación de 10,8 millones de personas residiendo ilegalmente en Estados Unidos, el jefe de la mayoría en el Senado, Harry Reid, y sus correligionarios demócratas dijeron que el primer paso hacia una reforma debe ser el fortalecimiento de la seguridad en la frontera.
Este jueves también se presentaron en Arizona los primeros cuestionamientos legales y políticos contra la nueva ley, y el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, refrendó un boicot económico a Arizona por parte de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos.
José Reyes Baeza, gobernador del estado mexicano de Chihuahua, dijo que no asistirá a una cumbre de gobernadores de los estados fronterizos de México y Estados Unidos a celebrarse en septiembre en Phoenix e instó a sus colegas mexicanos a no concurrir a la reunión.
Los demócratas también pidieron la creación de una tarjeta de identificación de alta tecnología para los trabajadores inmigrantes, un nuevo proceso para admitir a los obreros temporales, y una vía a la ciudadanía para las personas que permanecen de forma ilegal en el país.
Entre las peticiones también se encontraban "sanciones más duras" contra los empleadores estadounidenses que contraten a inmigrantes ilegales.
La propuesta demócrata podría "requerir a aquellos que están aquí ilegalmente que se registren ante las autoridades, que paguen impuestos, aprendan inglés, aprueben una revisión de antecedentes criminales y hagan fila para obtener el estatus legal", dijo Reid.
Quienes están a favor y en contra de la ley inmigratoria de Arizona atribuyen la legislación del estado al fracaso de Washington para contener el flujo de inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos.
La medida, convertida en ley el 23 de abril, convierte en crimen estatal permanecer en Arizona ilegalmente. Y da atribuciones a las policías estatal y local para determinar el estatus inmigratorio de una persona si hay una "sospecha razonable" de que están en Estados Unidos ilegalmente.
Republicanos que apoyan la ley dicen que es necesaria para controlar el delito en el estado, hogar de unos 460.000 inmigrantes ilegales y un importante corredor para el tráfico de drogas e inmigrantes desde México.
Los críticos dicen que la ley abre la posibilidad a la discriminación racial. Aunque las encuestas muestran un amplio apoyo para la ley en Arizona, tanto en el estado como a nivel nacional, ha levantado protestas entre latinos, activistas de derechos civiles y dirigentes sindicales.
En Arizona, un grupo de activistas presentó una petición ante la secretaria del estado buscando que en las elecciones de noviembre se consulte a la ciudadanía si apoya la nueva ley.
El grupo, One Arizona, tiene hasta fines de julio o principio de agosto para juntar las 76.000 firmas necesarias para que la iniciativa se concrete.
Las primeras dos presentaciones judiciales contra la ley fueron efectuadas en tribunales federales en Arizona, una por un oficial policial de Tucson y el otro por la Coalición Nacional de Clérigos Latinos y Líderes Cristianos.
Agrado presidencial. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acogió con agrado este jueves los planes de los líderes demócratas del Congreso para avanzar con la reforma inmigratoria y prometió tener un rol activo para arreglar lo que llamó un sistema "dañado".
"La propuesta esbozada hoy día en el Senado es un paso muy importante en el proceso de reparar el sistema de inmigración de nuestra nación", dijo Obama en un comunicado.
"Lo que se ha vuelto cada vez más claro es que no podemos esperar más para arreglar nuestro sistema de inmigración dañado, que tanto demócratas y republicanos concuerdan en que no funciona", agregó el mandatario.
Obama dijo que trabajará con ambos partidos sobre el plan de una reforma.
Se estima que existen unos 10,8 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, dijo Reid, "demócratas y republicanos pueden concordar en que nuestro sistema inmigratorio está dañado" y pidió cooperación de ambos partidos para arreglarlo.
Reid dijo que el "marco de trabajo" se basa en meses de negociaciones en las que participa el senador Charles Schumer, miembro del liderazgo demócrata.
El senador republicano Lindsey Graham estuvo en esas conversaciones y la semana pasada dijo que se necesitaba trabajar más antes de que una legislación de ese tipo sea presentada a la consideración del Congreso.
Graham acusó a Reid, quien enfrenta una difícil campaña de reelección, de intentar avanzar de forma prematura con la reforma de inmigración para intentar atraer a los votantes hispanos de su estado, Nevada.
