El su Informe sobre el Desarrollo Mundial 2017, dedicado este año a la gobernabilidad y el cumplimiento de la ley, el Banco Mundial enfatiza que en esta lista de países violentos, México es acompañado por Brasil y Sudáfrica como uno de los tres “gigantes económicos y en expansión” que padecen violencia.

México es identificado por el Banco Mundial como una de las 37 economías del planeta que tienen a la violencia como el mayor de sus problemas.

El su Informe sobre el Desarrollo Mundial 2017, dedicado este año a la gobernabilidad y el cumplimiento de la ley, el organismo enfatiza que en esta lista de países violentos, México es acompañado por Brasil y Sudáfrica como uno de los tres “gigantes económicos y en expansión” que padecen violencia.

Explica que la violencia en estos países en particular resulta de “una mala implementación de las políticas (...) que puede causar o exacerbar problemas sociales que contribuyen a la violencia”.

La inequidad y el crecimiento están estructuralmente enlazados y pueden explicar también los brotes de la violencia, aseveran los analistas del organismo.

Argumentan que la confianza en las instituciones está identificada como uno de los factores positivos para el crecimiento económico, agregando que la expansión y prosperidad suele ser un común denominador entre las sociedades más seguras.

En el reporte, de 358 páginas, el Banco Mundial identifica en este mapeo de violencia mundial, en el segmento de las naciones más seguras en el continente de América, a Canadá, Chile y Argentina; a todas las que conforman la Unión Europea con particular énfasis en Suecia, Italia, Alemania, Francia y España; mientras que en Asia destacan Arabia Saudita, China y Malasia y en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda.

La determinación de violencia es medida por el BM en función del número de asesinatos violentos al año. México se encuentra entre los que tienen los mayores niveles entre 13.400 y 26.500 muertes anuales.

La receta. El organismo sugiere la provisión de bienes públicos y servicios como una ayuda para mejorar las oportunidades y reducir la pobreza, mientras que la educación favorece al mejor aprovechamiento de las oportunidades.

Considera que las políticas fiscales tienen la capacidad de garantizar que el gasto social se transfiera y ayude a refrenar la distribución de los ingresos.

A su vez, sugieren como “un pilar esencial para el progreso y desarrollo” la identificación de grupos que están típicamente marginados de las políticas, lo mismo que los afectados por la distribución de ingresos; esto a partir de abrirles el acceso a oportunidades.

La confianza en las instituciones, de acuerdo con la lectura del BM refuerza el cumplimiento de los contratos y acota el riesgo de fallas en el cumplimiento de las obligaciones, lo que “favorece la capacidad de convivir bajo un marco de legitimidad y oportunidad, sentando las bases para una cooperación y coordinación voluntaria y consistente”.

Corrupción, trámites y acuerdos políticos. En el reporte destacan que los costos de transacciones, los tramites, clientelismos y monopolios suelen también ser generadores de inequidades, semilleros de descontento y alimento de la violencia.

En el análisis argumentan que los países en desarrollo enfrentan desafíos como deficiencias en la prestación de servicios, violencia, reducción en las tasas de crecimiento, corrupción y la maldición de los recursos naturales por nombrar algunos.

Por ello, consignan que es preciso replantearse el proceso de interacción entre actores estatales y no estatales para formular y aplicar las políticas; es decir, lo que en este informe se denomina gobernanza.

Gobernanza, según el Banco Mundial, es el proceso de interacción entre actores estatales y no estatales para formular y aplicar políticas en el marco de un conjunto de reglas formales e informales que moldean el poder y son moldeadas por éste. La gobernanza permite lograr los objetivos de seguridad, crecimiento y equidad.

La eficacia de las políticas debe considerar el proceso mediante el cual los actores negocian el diseño y la aplicación de políticas en un régimen institucional concreto.

Así como debe tener en cuenta asimetrías de poder para centrarse en políticas aplicables que puedan generar avances hacia el crecimiento inclusivo y desarrollo equitativo, indica el informe del Banco Mundial.