El ex fiscal huyó a Brasil en marzo pasado, un año después de haber renunciado a seguir con la investigación de un supuesto complot en 2009 de una presunta banda terrorista contra Morales, acusada además de ser parte de un plan de secesión de Santa Cruz.
La Paz. Un juzgado boliviano sentenció a tres y dos años de cárcel a dos ex colaboradores del ex fiscal del "caso terrorismo" Marcelo Soza, que en marzo pasado huyó a Brasil y ha pedido refugio en ese país, informó este miércoles una fuente judicial.
Moisés Ponce de León, ex abogado de Soza, fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de "extorsión", mientras que Richard Cerda, ex asesor del ex fiscal, recibió una condena de dos años de cárcel por "encubrimiento", señaló la Fiscalía General del Estado en un comunicado.
La sentencia fue dictada este martes en el penal de Palmasola, en la región de Santa Cruz (este), después de que Ponce de León y Cerda aceptaran someterse a un procedimiento abreviado, explicó el fiscal departamental cruceño, Gomer Padilla Jaro, según la Fiscalía.
"Hay pruebas documentadas y testificales evidentes que acreditan los delitos. Prueba de ello es que los imputados, viéndose acorralados por las evidencias, solicitaron que se les aplique procedimiento abreviado", sostuvo Padilla.
Según la Fiscalía, estas sentencias se dictaron dentro de la investigación de supuestos hechos de corrupción y extorsión en los que estarían implicados Soza y otras personas.
El ex fiscal huyó a Brasil en marzo pasado, un año después de haber renunciado a seguir con la investigación de un supuesto complot en 2009 de una presunta banda terrorista contra Morales, acusada además de ser parte de un plan de secesión de Santa Cruz.
El 16 de abril de 2009, un operativo policial terminó en Santa Cruz con la vida del croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Michael Martin Dwayer, acusados de ser miembros de ese grupo.
En la misma operación fueron detenidos el húngaro Elöd Tóásó y el croata-boliviano Mario Tadic, procesados por terrorismo.
Soza fue denunciado por varios de los acusados en el caso de haberlos extorsionado, mientras que la Fiscalía General también le inició un proceso por incumplimiento de deberes porque el juicio contra todos los acusados del supuesto complot, que suman 39, ha cumplido cinco años sin resultados.
El ex fiscal tiene un permiso provisional para residir y trabajar en Brasil, hasta que la Comisión Nacional de Refugiados de ese país, que depende del Ministerio de Justicia, tome una decisión definitiva en relación al refugio.
Bolivia ha manifestado que pretende pedir su extradición, pero no puede hacerlo hasta tanto no sea tomada una decisión firme sobre la permanencia en Brasil, y sólo podría exigirla en el caso de que el refugio sea negado.
El fiscal Padilla afirmó que ha obtenido "resultados importantes" en la investigación de las supuestas extorsiones cometidas por Soza y aseguró tener pruebas de que el exfiscal recibió un sobre con 50.000 dólares para ayudar a liberar a uno de los acusados dentro del "caso terrorismo".
