En los últimos días los medios locales le han dado un gran despliegue a las actividades de las bandas de delincuentes, que roban, extorsionan desde grandes empresarios a pequeños comerciantes y cometen asesinatos por encargo.
Lima. El aumento de la actividad de los sicarios y las bandas de extorsionadores ha reabierto el debate sobre la inseguridad ciudadana en Perú e incluso ha llevado a que se plantee la pena de muerte en el país.
En los últimos días los medios locales le han dado un gran despliegue a las actividades de las bandas de delincuentes, que roban, extorsionan desde grandes empresarios a pequeños comerciantes y cometen asesinatos por encargo.
En lo que va de año, sicarios han matado a 13 personas, según cifras de la Policía Nacional divulgadas esta semana.
La última de estas víctimas fue el hijo del alcalde del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, quien fue asesinado el pasado fin de semana por desconocidos al salir de una discoteca.
Este caso llevó al ex presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) a pedir que se debata la aplicación de la pena de muerte en el país y a afirmar que "sicarios extranjeros están adoctrinando y aleccionando" a los locales.
"Creo que participo con todo el país del horror evidente ante el asesinato de este casi un niño, por extorsionadores, por secuestradores, por sicarios, en una mancha que se está extendiendo, multiplicando en el país y que exige evidentemente medidas muy radicales", enfatizó García.
Aunque la petición del ex mandatario ha dividido las opiniones en las redes sociales, organismos de derechos humanos, políticos y representantes del Gobierno rechazaron esa posibilidad tras recordar que el país es signatario de diversos convenios internacionales.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, dijo no estar de acuerdo "con este tipo de retornos a situaciones vinculadas con la pena de muerte".
El Fiscal de la Nación (general), José Peláez, señaló por su parte que "la experiencia mundial arroja resultados negativos, ya que en los lugares donde se aplica la pena de muerte no ha habido retrocesos en la comisión de delitos".
En medio del debate, el coordinador del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), César Bazán, declaró a Efe que los homicidios en el país en los últimos tres años no han aumentado, ya que el promedio es de 9 por cada 100.000 habitantes.
"Lo que podemos percibir es que hay un aumento de la violencia en diversos delitos que se cometen y que hay un aumento de mafias o de grupos que están dispuestos a asesinar por encargo. El 'sicariato' está mejor organizado", explicó.
El experto remarcó que las "tarifas (de los sicarios) han disminuido" y dijo que ahora "asesinar a personas en Perú puede costar menos de 100 soles (35,4 dólares)".
Bazán consideró, sin embargo, que la pena de muerte "es una medida populista que no significa ninguna mejora en la lucha contra la criminalidad."
El legislador opositor Renzo Reggiardo, conocido por su trabajo en la lucha contra el crimen organizado, consideró que "hay lugares en el país donde se perdió el control y la policía no da para más".
"Estamos en una situación de emergencia y si no entendemos que tenemos que tomar medidas inmediatas nos va a ganar la batalla", dijo Reggiardo antes de proponer que se plantee "una situación de emergencia" en seguridad ciudadana para combatir a las bandas.
En ese sentido, el miércoles, el Ministerio del Interior informó de que la Policía Nacional desarticuló una banda que se dedicaba al robo, la extorsión y los asesinatos en varias ciudades del norte del país.
Según la información, la policía desplegó "un gran operativo" en las ciudades de Trujillo y Chimbote, para capturar a ocho integrantes de una banda conocida como "Los Malditos de Laredo".
Las capturas se realizaron tras un trabajo de inteligencia que comenzó en noviembre pasado y permitió determinar que entre los cabecillas había dos personas que cumplen condenas en el penal de Tumbes y en el de Lurigancho, de Lima.
La banda hacía un seguimiento de las víctimas, exigía mediante llamadas telefónicas el pago de ciertas cantidades de dinero, enviaba cartas amenazantes con municiones, disparaba o detonaba explosivos en las fachadas de los domicilios de las víctimas y robaba vehículos, por los que exigía un pago por su devolución.
Si la víctima rechazaba sus amenazas y no pagaba, atentaban contra ella o sus familiares.
