"Napoleón (Gómez) ya es canadiense", afirmó su abogado en entrevista con el canal mexicano Milenio TV en la que aclaró que su cliente nunca fue "asilado" en Canadá.

México. El líder sindical minero mexicano Napoleón Gómez Urrutia, quien se encuentra en Canadá desde 2006 prófugo de la Justicia de México, obtuvo la nacionalidad canadiense pero espera volver a su país una vez se aclare su situación jurídica, afirmó este miércoles su abogado, Marco Antonio del Toro.

"Napoleón ya es canadiense", afirmó el letrado en una entrevista con el canal mexicano Milenio TV en la que aclaró que Gómez Urrutia nunca fue "asilado" en Canadá y que "su estatus migratorio previo a recibir su ciudadanía era el de residente permanente".

Según Del Toro, "cuando se le otorgó la residencia permanente se hizo una investigación muy profunda" en la que las autoridades canadienses resolvieron que "no les parecían creíbles las investigaciones que se hicieron en México".

Para el abogado, el pedido de extradición del líder sindical de México a Canadá es "un asunto moribundo" y "en Canadá no tiene efecto alguno".

Además, recordó que "han sido once ordenes de aprehensión" en su contra, "todas y cada una de ellas por los mismos hechos y conductas", lo cual está prohibido por la Constitución mexicana y por distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Pese a lograr nacionalizarse en Canadá, el representante legal de Gómez Urrutia reveló que "es su intención el regresar a México tan pronto quede resuelta esta última orden de aprehensión, que no debe tener ninguna diferencia respecto a las anteriores, que lo declararon plenamente inocente".

La Procuraduría (Fiscalía) General de la República Mexicana informó el pasado 8 de agosto que la Policía Internacional (Interpol) emitió una ficha roja en la que consideró prófugo al líder sindical minero.

La ficha roja, emitida a solicitud de la Fiscalía mexicana, supone que sigue vigente una orden de aprehensión en Canadá contra el dirigente minero para enfrentar un proceso de extradición a México por un supuesto fraude de US$55 millones a un fideicomiso sindical.

El gobierno mexicano ha intentado en varias ocasiones que el líder del sindicato minero sea detenido para ser extraditado y que aclare en su país el destino del dinero de ese fideicomiso, que originalmente debía ser distribuido entre los trabajadores vinculados a la empresa minera Grupo México.