El mayor sindicato del país lanzará una "campaña intensiva de información" para explicar su rechazo al plan de ajuste del gobierno y a lo que se va conociendo de la reforma laboral.

Madrid. El sindicato español mayoritario CCOO dijo el viernes que sus responsables ya han puesto en marcha los preparativos para la convocatoria de una huelga general que, en su opinión, "parece inevitable".

En una nota de prensa, el sindicato dijo que lanzará una "campaña intensiva de información" en los centros de trabajo y en la sociedad para explicar su rechazo al plan de ajuste del gobierno y a los contenidos que se van conociendo de la reforma laboral.

Aunque las negociaciones tripartitas (sindicatos, empresarios y gobierno) siguen teóricamente vivas, cada vez cobra más fuerza la posibilidad de una reforma por Decreto.

El anuncio de Comisiones Obreras, de hecho, coincide con la publicación en varios medios de un supuesto borrador de reforma que planea extender los despidos con 20 días de indemnización en lugar de los 45 actuales, para empresas con problemas económicos.

Pese a que la noticia provocó una reacción inmediata de los sindicatos, el gobierno insistió en que no hay "ninguna propuesta formal" encima de la mesa y todavía se mostró confiado en alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite del 16 de junio que se ha impuesto para decretar la reforma.

"No existe ningún documento válido y definitivo sobre la reforma laboral, las conversaciones aún no han concluido", dijo la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. "Es posible que puedan existir borradores, documentos de trabajo... pero no existe ninguna propuesta formal oficial".

Desde el segundo sindicato mayoritario, UGT, su secretario general, Cándido Méndez, manifestó con respecto a la posible generalización del abaratamiento del despido: "Ese contrato, que yo no sé si el gobierno pondrá encima de la mesa, espero que no, lo que supone es consolidar en España el despido libre".

Entretanto, el vicepresidente de la patronal CEOE, Jesús Bárcenas, manifestó en declaraciones recogidas por Radio Nacional: "Es muy difícil que las medidas gusten a todos. A los sindicatos les contraria bastante esta situación, pero también hemos perdido bastante tiempo y, a lo mejor, tendríamos menos parados si hubiéramos empezado antes a tomar soluciones".

En este contexto, mientras crece la posibilidad de una reforma unilateral por parte del Ejecutivo, algunos grupos políticos - que deberían convalidar la reforma en el Congreso - han empezado a mostrar sus cartas.

El portavoz de los nacionalistas catalanes de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, advirtió en la página web del partido de que no aprobarán la reforma laboral si no son consultados al respecto, en relación con las noticias al respecto que viene publicando la prensa.

CiU, cuya abstención fue decisiva la semana pasada para que el gobierno español aprobase por la mínima el Decreto de recortes de gasto para 2010 y 2011, cuenta con diez escaños decisivos en el Parlamento.

La vicepresidenta del gobierno aseguró que cuando se den formalmente por terminadas las negociaciones con sindicatos y patronal informará del contenido de sus propuestas a los partidos políticos.

"En este momento la negociación no ha concluido, está en la mesa del diálogo social... cuando llegue el momento trasladaremos la propuesta a los grupos parlamentarios y escucharemos lo que tengan que decir... con la intención de que sea una reforma consensuada", dijo De la Vega.

Los mercados siguen castigando. En vísperas de la huelga de empleados públicos convocada para el martes 8 de junio y en espera de la reforma laboral y otras medidas que consigan convencer a los mercados de la solvencia de España, el diferencial entre el bono español y el alemán se mueve en máximos desde la fundación del euro mientras la bolsa sigue sometida a fuertes descensos particularmente marcados en el sector financiero.

La prima de riesgo del bono español frente al alemán a diez años rondaba los 200 puntos básicos mientras el Ibex 35 de la bolsa española caía cerca de un cuatro por ciento.

El coste de proteger la deuda pública española contra hipotéticos impagos (CDS) creció a 320 puntos básicos desde 258.