Las bajas se han registrado desde diciembre de 2006, cuando el gobierno sacó a las tropas a las calles de distintos estados de México para cumplir funciones de seguridad pública ante la falta de policías locales para enfrentar a las organizaciones criminales.
México. Un total de 505 militares mexicanos han muerto en la última década en la lucha contra el narcotráfico, la mitad de ellos durante tiroteos o agresiones de criminales, según la lista oficial del gobierno.
Las bajas se han registrado desde diciembre de 2006, cuando el gobierno sacó a las tropas a las calles de distintos estados de México para cumplir funciones de seguridad pública ante la falta de policías locales para enfrentar a las organizaciones criminales.
Al menos 289 militares murieron en ataques o fueron asesinados en ejecuciones directas, principalmente en cinco estados del país, de acuerdo con la actualización al 16 de mayo de la lista de personal fallecido en la "Campaña permanente contra el narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego" de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El experto en temas de defensa Javier Oliva dijo a Xinhua que los criminales tienen la capacidad para agredir a las fuerzas armadas porque compran con facilidad armas contrabandeadas desde Estados Unidos.
"Hay una muy importante responsabilidad de la parte estadounidense, que es donde se fabrican y exportan las armas. Por supuesto, también de la parte mexicana que permite la entrada de este armamento", advirtió.
Oliva recordó que unos 50 pistoleros del cártel de Sinaloa arrojaron granadas y dispararon fusiles de asalto para emboscar en septiembre de 2016 a un convoy de soldados con el objeto de rescatar a un cabecilla arrestado.
En el ataque, perpetrado en las calles de Culiacán, capital del estado de Sinaloa (noroeste), fallecieron cinco soldados y nueve más sufrieron heridas.
"¿Cómo es posible que ese tipo de armamento llegue a sus manos? Hay una llamada de alerta muy importante respecto a la colaboración entre los dos países", aseguró.
El especialista indicó que los militares acumulan más de 1.000 enfrentamientos con criminales en Tamaulipas (noreste), un estado fronterizo con Estados Unidos donde los cárteles del Golfo y de Los Zetas disputan el control de las ciudades.
Tamaulipas encabeza la lista de los estados con más muertes de soldados por agresiones con armas de fuego, con unos 90 casos, seguido por Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Nuevo León, indica la relación de los fallecimientos.
Las últimas bajas sufridas por el Ejército ocurrieron el 3 de mayo pasado en la comunidad Palmarito, estado de Puebla (centro), donde dos infantes y dos policías militares cayeron en una serie de tiroteos con miembros de una organización dedicada al robo de combustible de los ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Seis presuntos miembros de la organización delictiva murieron en ese episodio.
Los otros 216 militares fallecidos dentro de la campaña contra el narcotráfico han sufrido accidentes vehiculares o aéreos, caídas, golpes de calor, intoxicaciones, descargas eléctricas o ahogamientos.
Entre las más de 500 bajas figuran miembros del Ejército de casi todos los grados: soldados, cabos, tenientes, sargentos, capitanes, mayores, e incluso dos coroneles, que es el escalón previo al grado de general.
El diputado y secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Carlos Sarabia, expuso que los militares no tienen una formación para hacer frente a la delincuencia en las calles porque están entrenados para proteger la seguridad nacional.
"Su esencia no es esa. Se ha ocupado al Ejército erróneamente en esas actividades", dijo a Xinhua el legislador de la bancada del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien es un capitán retirado de la caballería .
Remarcó que otro problema que las fuerzas armadas padecen es que suman una década combatiendo al crimen sin un marco jurídico, pues el Congreso todavía no aprueba la Ley de Seguridad Interior que tendría que regular su participación en esas tareas.
Es deseable que esa ley contemple la creación de una escuela de formación en seguridad pública para los militares porque, pronosticó el legislador, las tropas permanecerán varios años más en las calles ante la falta de cuerpos policiales municipales y estatales robustos en los estados con problemas de violencia.
