En lo que va del año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha hecho nueve solicitudes para que autoridades apoyen a comunicadores, a sus familias y a medios.

El aumento de agresiones en contra de periodistas en México ha llevado también a que se intensifiquen las solicitudes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que autoridades otorguen medidas cautelares en favor de los comunicadores que han visto amenazada su labor.

En las últimas dos semanas, el organismo autónomo ha emitido seis solicitudes para que se otorguen medidas cautelares a periodistas. Antes del 15 de mayo, la CNDH sólo había emitido tres solicitudes, lo que da un total de nueve medidas cautelares en lo que va del año.

De acuerdo con su Informe de Actividades 2016, del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado, la CNDH solicitó en 27 ocasiones medidas cautelares en favor de personas que ejercen el periodismo con la finalidad de garantizar su seguridad e integridad física.

La Comisión que encabeza Luis Raúl González Pérez explica que con base en el artículo 40 de la Ley de la CNDH y del artículo 116 de su Reglamento Interno, las medidas cautelares son requeridas a las autoridades cuando se consideran necesarias acciones —o incluso que dejen de hacer ciertas acciones— con el fin de evitar “la consumación irreparable” de violaciones a los derechos humanos.

También se solicitan medidas cautelares para evitar daños de difícil reparación a las personas afectadas, así como para exigir su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron.

Así, el sábado pasado, la CNDH solicitó medidas cautelares al gobierno guerrerense ante la agresión que sufrió la locutora indígena Marcela de Jesús Natalio, en el municipio de Ometepec, cuando salía de las instalaciones de Radiorama y Televisión de Guerrero.

La Comisión solicitó protección para ella y para su familia, así como apoyo a los colaboradores del medio de comunicación.

El 1 de junio, la comisión tramitó medidas precautorias ante el gobierno de Quintana Roo, por la agresión y las amenazas en contra del personal del semanario Aspectos, en Playa del Carmen.

La medida se derivó de la agresión que sufrió el periodista Carlos Barrios el 29 de mayo del 2017, cuando una persona intentó apuñalarlo y fue lesionado en la oreja, además de recibir amenazas del atacante y la advertencia de que la próxima víctima sería el director del semanario.

En tanto, el 26 de mayo, y “con el fin de evitar daños al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información”, el organismo tramitó ante la Secretaría de la Defensa Nacional la aplicación de medidas cautelares en favor del periodista Jesús Aranda y del diario La Jornada, para asegurar que a los medios y reporteros acreditados ante esa dependencia se les invite a los actos organizados por la misma y se les garantice el acceso, sin distinción alguna.

A Aranda —detalló la CNDH— se le impidió subir al autobús de Sedena que conduciría a los reporteros a la inauguración del “Congreso Internacional sobre Obesidad y Diabetes”, al argumentar que no había sido invitado.

El 23 de mayo, Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, recibió una llamada telefónica con amenazas de que sería privado de la vida, luego de que sostuvo reuniones con diversas autoridades con relación al homicidio de Javier Valdez, cometido una semana antes.

“Este organismo solicitó al gobierno de Sinaloa implementar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad, seguridad personal y la vida del periodista y de su familia, así como asegurar el libre ejercicio de su labor”, reportó la CNDH.

Días antes (el 19 de mayo), la comisión se pronunció sobre el caso del secuestro en Nueva Italia, Michoacán, del periodista Salvador Adame Pardo, propietario del canal 6TV.

Ante ello exigió al gobierno de Michoacán realizar las acciones necesarias para ubicar el paradero del periodista, salvaguardar la vida, integridad y seguridad personal de sus familiares, de las personas que laboran en el canal 6TV, así como la seguridad de las instalaciones del medio.

El 15 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el asesinato de Javier Valdez Cárdenas, periodista del semanario Ríodoce de Culiacán, Sinaloa y corresponsal del periódico La Jornada.

“La CNDH solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar una investigación de manera exhaustiva y expedita para que este asesinato no quede impune, y para que implementen las medidas cautelares necesarias para proteger a la familia de Javier Valdez”, refirió.

Un mes antes, el 10 de abril, la CNDH reportó que un grupo de investigadores de México y Estados Unidos informaron que un presunto líder de la delincuencia organizada regresó a la ciudad de Tijuana con la intención de restablecer una organización criminal y “acabar con el semanario Zeta”.

Se reconoció entonces que no era la primera ocasión en que el semanario de Tijuana recibía amenazas de la delincuencia organizada.

El 10 de enero, la instancia defensora de derechos humanos se refirió a los hechos ocurridos el sábado 7 de enero en Rosarito, Baja California, cuando en un desalojo de manifestantes de la planta de Pemex, “agentes de la Gendarmería golpearon a los periodistas Laura Sánchez Ley y Luis Alonso Pérez, quienes cubrían esos sucesos, y a otros periodistas les rompieron el equipo fotográfico que llevaban”. La Comisión determinó iniciar una queja de oficio y tramitó medidas cautelares ante el gobierno de Baja California.

Finalmente, el 4 de enero del 2017, la CNDH informó que derivado de una nota publicada en la revista Proceso, el periodista Gabriel Valencia fue agredido la noche del 31 de diciembre del 2016 por personas desconocidas que dispararon en tres ocasiones en la puerta de su domicilio, ubicado en el municipio de Guachochi, en Chihuahua.

El reportero, explicó la CNDH, ya había sido amenazado y agredido por el contenido de algunas notas publicadas en el periódico Norawa y en El Heraldo de Chihuahua, de donde es corresponsal.