"Gobiernos mexicanos consecutivos han fracasado rotundamente a la hora de establecer las responsabilidades por las atrocidades cometidas por actores federales y estatales, o el crimen organizado", dijo un reporte publicado por Open Society Justice Iniciative y otras cinco organizaciones.
Ciudad de México. El Gobierno de México debe tomar medidas urgentes y extraordinarias para atender la crisis de derechos humanos que enfrenta y garantizar investigaciones genuinas sobre los crímenes de lesa humanidad que han cometido fuerzas de seguridad, dijo este martes un informe.
El reporte de grupos de derechos humanos señaló que las fuerzas involucradas en la llamada guerra contra el narcotráfico que se inició hace más de nueve años, como el Ejército, la Marina y distintos cuerpos de policía, han cometido ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, muchas veces en conjunto con los cárteles del narcotráfico.
"Gobiernos mexicanos consecutivos han fracasado rotundamente a la hora de establecer las responsabilidades por las atrocidades cometidas por actores federales y estatales, o el crimen organizado", dijo el reporte de 232 páginas, publicado por Open Society Justice Iniciative y otras cinco organizaciones.
Los activistas advirtieron que la Corte Penal Internacional con el tiempo podría tener un caso contra fuerzas de seguridad mexicanas, a menos que los crímenes fueran procesados internamente.
La guerra contra las drogas de México ha resultado en el período más violento en la historia moderna del país latinoamericano, con más de 150.000 muertos desde finales del 2006.
Permanentes abusos contra los derechos humanos, incluyendo los cometidos por miembros del cártel de las drogas los Zetas, cumplen con la definición de crímenes contra la humanidad, según el informe.
Los autores recomendaron que México acepte una comisión internacional para investigar abusos a los derechos humanos.
El aparente secuestro y asesinato no resuelto aún de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa es uno de los casos de más alto perfil que han dañado la reputación de México.
El informe, basado en documentos y entrevistas realizadas en el período de nueve años 2006-2015, cita fosas comunes y miles de desapariciones, además de la muerte de 22 presuntos miembros de cárteles a manos de militares en Tlatlaya en el centro de México, e incidentes similares, como evidencia de criminalidad en la guerra del gobierno contra los grupos delictivos del país.
El reporte señala que solamente en el 2014 desaparecieron más de 5.000 personas, en caso en su mayoría no aclarados.
