Documentos bancarios muestran que la minera Southern Copper le entregó al abogado Jesús Gómez 1,3 millones de soles (US$387.000) entre octubre del 2013 y septiembre del 2014.

Lima. Una fiscal peruana dijo que ha descubierto indicios que sugieren que Southern Copper habría pagado dinero a sus opositores para frenar las protestas contra su millonario proyecto de cobre Tía María mientras la firma esperaba el permiso ambiental.

Documentos bancarios muestran que la minera Southern Copper le entregó al abogado Jesús Gómez 1,3 millones de soles (387.000 dólares) entre octubre del 2013 y septiembre del 2014, previo a reuniones de los representantes de la compañía con las comunidades para informarles sobre Tía María, dijo la fiscal Alejandra Cárdenas a Reuters esta semana.

En ese período, Gómez pagó a su vez al opositor Pepe Julio Gutiérrez 170.000 soles con un cheque de gerencia, agregó.

La fiscal Cárdenas afirmó que ambos le dijeron que el dinero era para comprar un terreno del cultivo de cebolla, pero ninguno presentó pruebas de la compra.

Gómez y Gutiérrez niegan haber cometido algún delito y no se han presentado ningún cargo en contra de ellos.

Southern Copper, un importante productor mundial de cobre controlado por el Grupo México, declinó realizar comentarios debido a que el proceso está en investigación. La minera ha negado anteriormente haber hecho algo inapropiado, pero reconoce que había contratado a Gómez en el pasado.

La fiscal Cárdenas dijo que pagar a los antimineros no sería un crimen a menos que se haya incluido a funcionarios públicos.

Pero esto demostraría hasta dónde pueden llegar las mineras para frenar las protestas que han parado miles de millones de dólares de inversión en el tercer productor mundial de cobre.

Además plantearía cuestionamientos sobre sus prácticas en Perú, donde Southern Copper opera dos minas y una refinería en el sur del país y sigue promoviendo su plan para desarrollar Tía María, que espera por el permiso para su construcción.

Las protestas contra Tía María, ubicada en la región de Arequipa, forzaron a la minera a suspender en mayo el emprendimiento luego que tres personas murieron en choques entre los manifestantes y la policía. Otros tres murieron en el 2011.

Los opositores al proyecto de 1.400 millones de dólares, temen la contaminación de sus tierras y que se use las aguas necesarias para sus cultivos agrícolas.

En mayo, la fiscal Cárdenas comenzó a investigar a Gutiérrez por una presunta extorsión a Southern Copper por 1,5 millones de dólares a cambio de frenar las protestas.

En un audio de una conversación telefónica, se escucha a Gutiérrez negociar con el abogado Gómez el pago de 500.000 dólares para él y otros dos dirigentes. El mismo Gómez filtró el audio a medios locales en abril, provocando la captura de Gutiérrez por parte de la policía.

Gómez dijo que nunca llegó a pagar a los opositores de Tía María para detener las protestas y declinó dar más comentarios.

El abogado de Gutiérrez, Liliana Laura, dijo a Reuters que el audio con la voz del opositor había sido manipulado y evitó confirmar si su cliente pidió dinero a la minera. "Solicitar dinero no es un delito", agregó.