La Oficina del Inspector General (OIG) de Estados Unidos recomendó “abandonar los planes de invertir US$443 millones más en aviones no tripulados, y usar esos fondos para darles un mejor uso”.

San Diego, Excelsior.com.mx.— La Oficina del Inspector General (OIG) de Estados Unidos advirtió que es incosteable el uso de drones para vigilar la frontera con México y que han sido pobres sus resultados contra los indocumentados y el tráfico de drogas.

Recomendó “abandonar los planes de invertir US$443 millones más en aviones no tripulados, y usar esos fondos para darles un mejor uso”.

Las autoridades de migración calculan que la operación de los drones cuesta dos mil 468 dólares cada hora. Sin embargo, la OIG aclaró que el promedio es de 12 mil 255 dólares, si se incluyen salarios y mantenimiento.

De 275 mil detenciones de indocumentados que las autoridades fronterizas reportaron en el año fiscal 2013, en las fronteras que más vigilaron los drones, en Texas y Arizona, las detenciones efectivas que la OIG pudo atribuir a los aviones no tripulados fueron sólo dos mil 272.

Avistan fracaso de drones fronterizos. Su impacto para reducir la inmigración ilegal ha sido mínimo, según auditoría.

Las aeronaves no tripuladas que Estados Unidos utiliza desde hace casi un año para vigilar la frontera con México resultan incosteables y su presupuesto podría emplearse mejor en otras tareas, recomendó la Oficina del Inspector General (OIG).

La OIG, una división de asuntos internos del gobierno federal, prácticamente explicó que el programa no vale la pena.

“Basándose en los hallazgos, OIG recomienda abandonar los planes de invertir US$443 millones más en aviones no tripulados adicionales y usar esos fondos para darles un mejor uso”, aseveró.

“Su impacto para reducir la inmigración ilegal ha sido mínimo”, y tampoco ha servido para reducir el flujo de drogas; su máximo alcance en ese campo fue contribuir en detener cargamentos de mariguana.

El programa contempla aumentar su presupuesto en el siguiente año fiscal pero la OIG enfatizó que, antes de hacerlo, el Departamento de Seguridad Interior (HSD) primero debe revisar si valdría la pena el gasto.

De acuerdo con la investigación en la que la OIG basó el reporte, los aviones no tripulados o drones sólo alcanzaron 22% del tiempo de vuelo que tenían proyectado, sobrevolaron muchas menos horas por día cuando realmente despegaron, pues de acuerdo con la OIG estuvieron la mayoría del tiempo estacionados en tierra debido a cambios climatológicos.

Aunque uno de los aparatos cruzó el año pasado a lo largo de toda la frontera de tres mil kilómetros para terminar por estrellarse, las operaciones de vigilancia se concentraron en dos tramos de la franja fronteriza: aproximadamente 150 kilómetros en los límites de Arizona con México y unos cien kilómetros más en Texas, es decir casi el ocho por ciento de toda la frontera.

CBP intentó responder a la OIG con una explicación escrita pero fue fácilmente refutada.

Mientras que las autoridades de migración calculan que la operación de los drones cuesta dos mil 468 dólares cada hora, la OIG aclaró que el promedio es de 12 mil 255 dólares, si se incluyen salarios y mantenimiento.

De un total de 275 mil detenciones de indocumentados que las autoridades fronterizas reportaron en el año fiscal 2013 (que concluyó en septiembre pasado) en las fronteras que más vigilaron los drones, en Texas y Arizona, las detenciones efectivas que la OIG pudo atribuir a los aviones no tripulados fueron dos mil 272, es decir, menos de la centésima parte. El programa gasta unos 28 mil dólares en promedio por cada indocumentado que es detenido.

Inconformes. Y aunque la OIG dejó de mencionarlo, el programa de vuelo no tripulado enfrenta una fuerte oposición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que considera que el uso de los aviones en los vecindarios viola garantías de privacidad de la gente.

El reporte “ratifica que la política de militarizar para controlar la región fronteriza es inoperante”, opinó en reacciones para Excélsior el director de la Coalición de Comunidades Fronterizas, Christian Ramírez.

El uso de los drones fue primero cuestionado hace un año, cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tuvo que estrellar deliberadamente uno de los aparatos para impedir que cayera en una zona residencial de San Diego.

Ese aparato no tripulado vigilaba la costa de California y las autoridades lo estrellaron a unos 30 kilómetros de la playa y apenas 45 kilómetros al norte de la frontera mexicana en Tijuana, pero para llegar al Pacífico debió cruzar a lo largo la frontera pues despegó de Corpus Christy, Texas, en el Golfo de México.

La Alianza San Diego, una organización comunitaria, advirtió desde antes de que comenzara el programa de sobrevuelos de drones que los aparatos son peligrosos para la población e intrusivos en la vida de los estadunidenses, pues están autorizados para sobrevolar una franja de cien kilómetros al norte de la frontera.

El último intento por limitar el uso de drones fue por parte de la senadora Diane Feinstein, quien sugirió sin éxito que sobrevolaran solamente 25 millas a partir de la frontera.

El programa consiste en una flota de diez aparatos no tripulados —nueve, después del estrellado en California— con un costo de US$360 millones.

El reporte de la OIG calculó que el plan cuesta 12 mil 255 dólares por hora.

Aconseja que el siguiente desembolso por 443 millones de dólares para 14 drones, se usaría mejor en otros programas.

La DEA olvida a detenido durante cinco días. Un joven a quien la DEA olvidó en una pequeña celda cinco días sin agua, alimentos ni iluminación y tuvo que beber su propia orina para sobrevivir dio a conocer detalles de su encierro.

Daniel Chong, un estudiante de 25 años de edad de la Universidad de California en San Diego (UCSD), dijo que en la pequeña celda sin servicio sanitario quebró sus lentes para tratar de cortarse las venas, procuró asfixiarse al tragar las agujetas de sus zapatos y, en ese separo que es de la Agencia Antidrogas, encontró droga sintética en el pliegue de una sábana, lo único que había en el lugar.

Una investigación del gobierno de Estados Unidos determinó que durante los cinco días en que Chong suplicó a gritos que lo dejaran salir, por lo menos cuatro oficiales de la DEA alcanzaron por separado a escuchar sus lamentos, pero cada uno de ellos pensó que el detenido acababa de ser llevado a los separos y que pronto regresaría el agente que lo había encerrado.

Aunque la investigación omitió identificar a un agente específico como responsable del incidente, sí concluyó que hubo negligencia y que la DEA carece de un método de control en los separos.

Chong fue detenido como sospechoso en una redada en un vecindario cercano a la universidad el 21 de abril del 2012.