Así lo propone un proyecto de ley, que debe pasar por la aprobación del presidente José Mujica antes de su ingreso al parlamento. La actual norma castiga el porte ilegal si el que lleva el arma es un delincuente que es reincidente.
En 2003 la Dirección de Aduanas le incautó a un coleccionista un arsenal de más de 70 piezas prontas para usar.
A pesar de que no tenía porte de varias de ellas, la Justicia dispuso la devolución y el caso se cerró. La tenencia ilegal de armas no es delito en Uruguay. Incluso el propietario inició acciones legales contra la Aduana.
Lo mismo ocurrió cuando la Policía descubrió las 700 armas que tenía el contador Saúl Feldman en la vivienda de la calle Elba.
Hasta que mató al agente policial de Inteligencia que lo fue a buscar a su casa en Shangrilá, Feldman no había cometido ningún delito.
Si se aprueba una ley que el Ministerio del Interior ya tiene preparada, tener armas sin permiso será suficiente para ser sometido a proceso y ser enviado a la cárcel.
Así lo dijo a El Observador el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, al explicar el contenido de una ley que su cartera terminó y que ingresará al Parlamento luego de que tenga el visto bueno del presidente José Mujica. “La ley prohíbe una serie de cosas. Evita que pasen esas cosas”, sostuvo el ministro al poner el ejemplo de Feldman y del coleccionista.
Bonomi señaló que la ley está terminada, “aunque la tiene que estudiar Presidencia”. Agregó que “se hizo con la Suprema Corte de Justicia. Implica establecer delitos, cosas que no son delitos pasan a serlo. Lleva un control mayor”, dijo.
Para el Código Penal el porte ilegal de armas no es considerado delito, pero sí falta. De todos modos, estas -que se castigan con multa- se dejaron de perseguir por parte de la Justicia uruguaya, debido a que desde que se eliminaron los juzgados de faltas la tarea recayó sobre los jueces penales, pero dada la cantidad de trabajo que tienen no pueden dedicarse a perseguirlas.
La norma castiga en cambio el porte ilegal si el que lleva el arma es un delincuente que es reincidente. También pena a quien porte un arma, cuyos signos de identificación, sus características o su munición hayan sido alteradas en forma circunstancial o permanente “de manera de aumentar su capacidad de daño”.
En esos casos la pena va de los tres a los 18 meses de prisión o multa equivalente. La nueva ley prevé penas mayores para quien tenga un arma y no la haya declarado. Policías que participaron en la elaboración de la norma dijeron a El Observador que sugirieron que la ley tenga penas inexcarcelables para desalentar la tenencia.
Asimismo prohibirá la compra venta de armas en lugares clandestinos como las ferias. “La venta en las ferias es ilegal. Esto lo regula pero establece como penarlo”, indicó Bonomi. La nueva ley prevé penas tanto para quien la vende como para quien la compra.
Adquirir un arma en una feria es sencillo como quedó demostrado luego del homicidio de Álvaro Froste, el joven de 19 años, asesinado el 28 de agosto en Luis Alberto de Herrera y Pablo Galarza, por otro adolescente que había comprado su arma en la feria de Piedras Blancas.
El ministro indicó que uno de los objetivos de la norma es bajar la cantidad de armas que tiene la población. “Quienes utilizan las armas para robar no las van a entregar. Pero si las armas que circulan por las calles son legales, los chorros van a tener más dificultades para hacerse de armas”, explicó Bonomi. Señaló que en esa idea han trabajado Argentina y Brasil.
Además, la iniciativa tiene la intención de penalizar el tráfico de armas. “Por Uruguay pasan armas. La norma establece qué tipos de delitos son los que se cometen”, afirmó.
El Poder Ejecutivo conformó la Comisión Interministerial para la Prevención, Combate y Eliminación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, conformado por representantes de los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Economía, Salud, Ganadería. También está integrada, como representante del Poder Judicial, por la jueza Gabriela Merialdo y por un representante del Instituto Técnico Forense.
Consultada sobre el proyecto de ley, Merialdo señaló que esa comisión no ha participado en la elaboración de la ley pero sí han hablado de la necesidad de legislar en la materia. El tráfico de armas es un delito precedente para el lavado de activos en Uruguay pero el tráfico no está penalizado. “Si los tratados no van acompañados por la ley interna de los países el combate del delito no será efectivo”,indicó la magistrada.
La magistrada dijo que “en estos momentos de crímenes tan violentos no puede haber personas armadas sin tenencia”. Pero además señaló que una ley no sólo debería penalizar la tenencia ilegal sino también regularizar que quienes tengan armas sepan usarla, sepan dónde guardarla, cómo descargarla para evitar accidentes.
En ese sentido, Bonomi indicó que “si la gente se arma, que cumpla con determinados requisitos. Saber usar un arma no es sólo tirar. Hay un montón de comerciantes muertos porque quieren sacar el arma cuando el ladrón les está apuntando”.
“Eso no lo hace un policía. Si están apuntados, el policía no la saca porque el otro tira primero”, señaló el ministro.En su opinión “saber usar un arma es saber cuando hay y cuando no hay que sacarla aunque sepa tirar”. A eso también apuntará la norma que en las próximas semanas ingresará al Parlamento.