A pesar de haber ganado una silla en el Senado durante las pasadas elecciones legislativas, la ex mandataria argentina todavía tiene que dar la pela contra la justicia de su país.

Cuando Cristina Fernández de Kirchner terminó su mandato como presidenta de la República de Argentina, su nombre apareció en múltiples investigaciones de corrupción: irregularidades millonarias en la adjudicación de obras públicas, asociación ilícita, defraudación de la administración pública y lavado de activos.

Aun así, y lejos de rendirse en la política, Fernández se presentó a las elecciones legislativas en octubre y ganó una banca en el Senado, que asumirá el 10 de diciembre.

Ahora bien, los resultados no la salvaron de tener que rendirle cuentas a la justicia. De hecho, el pedido de indagatoria fue anunciado en mayo pasado, días después de que la expresidenta dijera que estaba analizando la posibilidad de ser candidata.

Fernández debía presentar su testimonio ante los Tribunales de Buenos Aires. En esta oportunidad, y al contrario de todas sus citaciones previas, no la esperaba a las afueras de la oficina la multitud que la ha apoyado a lo largo del proceso.

Ella misma les pidió a sus simpatizantes que no lo hicieran. Les dijo que era lo mejor, pues así no entrarían en el juego mediático que, según ella, se inventó el gobierno de Mauricio Macri, actual mandatario del país.

Fernández cree que las acusaciones en su contra hacen parte de una persecución política del actual gobierno, con el que mantiene una riña desde que abandonó el poder. Por eso llegó a los tribunales junto con su abogado defensor, Carlos Beraldi, y entregó una carta sin emitir declaraciones que distrajeran de los líos que enfrenta Macri por estos días, a raíz de la crisis económica interna y del caso de la desaparición de Santiago Maldonado.

La investigación contra Fernández gira alrededor de pagos recibidos por la familia Kirchner de empresarios de obra pública a través de la contratación de instalaciones de un hotel administrado por la firma Hotesur, participada por la expresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, que también declararán en los próximos días.

“Los hechos por los cuales se me cita no sólo son idénticos a otros por los que ya fui juzgada y sobreseída, sino que en algunos casos son los mismos hechos por los cuales el mismo juez y el mismo fiscal ya me sobreseyeron varios años atrás”, escribió Fernández.

“Sí, así de ilegal. Así de arbitrario. Así de inconstitucional. El Estado de derecho y la división de poderes, bien, gracias. Te los debo”, añadió.

Amado Boudou, quien fue la fórmula vicepresidencial de Fernández, fue detenido la semana pasada antes de indagarlo y según la AFP, sin haber sido procesado. Julio de Vido, exministro y diputado, también fue arrestado por supuestas irregularidades en el manejo de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas.

Y como suele suceder en la política, las investigaciones de un lado del espectro exhiben los secretos del otro bando: “Nada se imputa ni se cuestiona respecto del hermano del presidente Mauricio Macri, quien acaba de blanquear una suma de casi US$40 millones de procedencia ilícita”, aseguró Fernández en su cuenta de Twitter.