Las primeras patrullas policiales en casi una semana fueron vistas a partir de las 6:00 hora local (10:00 GMT) en las calles de La Paz, a las que arribará en la tarde una marcha indígena opositora convertida ya en un nuevo problema para Morales.
La Paz. La policía de Bolivia volvía al trabajo este miércoles tras la firma de un segundo convenio que puso fin a un motín de casi seis días de suboficiales y agentes rasos, en un duro desafío a la autoridad del presidente Evo Morales, quien dijo estar frente a una conspiración.
Las primeras patrullas policiales en casi una semana fueron vistas a partir de las 6:00 hora local (10:00 GMT) en las calles de La Paz, a las que arribará en la tarde una marcha indígena opositora convertida ya en un nuevo problema para Morales, quien está por cumplir la mitad de su segundo mandato quinquenal.
El convenio firmado en la madrugada por los líderes de la protesta, por un lado, y ministros y jefes policiales, por el otro, puso fin a otro acuerdo suscrito el domingo que había sido rechazado por la mayoría de los rebeldes, quienes habían tomado la mayoría de los cuarteles y oficinas policiales del país.
"Con esto termina el motín. El acuerdo final y consultado con las bases está firmado y tras la información correspondiente a los camaradas se irán normalizando los servicios policiales", dijo a reporteros la suboficial Esther Corzón, quien firmó el acuerdo como uno de los representantes de los rebeldes.
El ministro de gobierno, Carlos Romero, no hizo comentarios inmediatos tras el acuerdo, que modificó ligeramente en favor de los rebeldes el frustrado convenio del domingo.
Además de incrementar el salario mínimo policial a un monto equivalente a unos US$300, el acuerdo deja sin efecto un drástico reglamento interno hasta que sea aprobado uno nuevo con participación de los policías de base.
El documento no hizo referencia a las denuncias gubernamentales previstas de que la protesta habría formado parte de un plan conspirativo, del cual el Gobierno responsabilizó a sectores de la oposición conservadora.
Conflictos. El motín, que incluyó violentas marchas callejeras y hasta una golpiza policial a seguidores de Morales, estalló al terminar la semana pasada un conflicto de 20 días que enfrentó a mineros asalariados y cooperativistas, ambos aliados de Morales, por el control de un yacimiento de estaño y zinc del grupo suizo Glencore.
Morales superó el conflicto decretando la "nacionalización" o reversión al Estado de esa mina, aunque preservando un sector para los cooperativistas, pero el conflicto dejó decenas de heridos, pérdidas económicas y dudas sobre la capacidad del gobernante para controlar a los llamados movimientos sociales.
Todo esto sucedía mientras otro movimiento social, constituido por varios pueblos indígenas amazónicos, acumulaba dos meses de caminata rumbo a La Paz -la segunda protesta de este tipo en menos de un año- en rechazo a un proyecto de carretera que atravesaría el parque nacional Tipnis.
Los indígenas, aunque visiblemente divididos y en menor número que el año pasado, llegaron el lunes hasta las puertas de la capital política boliviana y dijeron que ingresarían a la ciudad en la tarde del miércoles.
El gobierno anuló el proyecto carretero del Tipnis, de US$420 millones y que debía financiar Brasil, pero esto no logró frenar la protesta, que era apoyada por diversos sectores opositores y podría culminar convertida en una manifestación masiva antigubernamental.
